“Nosotros nos entusiasmamos, pero moderadamente. No nos entusiasmamos tanto”. Este fue el tono que eligió ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al presentar la revisión del nuevo escenario macroeconómico para el país este año, el que contempla un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y algo de alivio en las finanzas públicas, pero también nuevos riesgos.
Por el lado positivo, la autoridad subió de 3,5% a 3,8% la proyección de PIB, ubicándose levemente por debajo de lo que espera el mercado (4%), aunque -de concretarse- sería lo más alto desde 2013.
La ley de Presupuestos 2018, presentada en octubre por el gobierno anterior, contemplaba una expansión de 3% del Producto.
En su ponencia ante la comisión mixta de Presupuestos, el ministro Larraín justificó el alza en un cuadro interno más positivo, con mejoras en la confianza empresarial y de las personas, un consumo que se mantiene vigoroso y señales de una recuperación de la inversión.
En conjunto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), la cartera también elevó el aumento estimado de los ingresos fiscales, pasando de 7,4% que se prevía al diseñarse la ley de Presupuesto a 9,6%. Esto, como consecuencia de la mayor actividad económica y un precio promedio del cobre que superará lo previsto en octubre, situándose en US$ 3,11 por libra frente a los US$ 2,88 anteriores.
Ahora, se calcula que la demanda interna avanzará 4,8% contra el 4,1% previo, mientras que el tipo de cambio se ajustó de $ 650 a $ 631 y la inflación a diciembre de 2,8% a 2,9%.
Con todos estos supuestos sobre la mesa, Hacienda actualizó a 4,5% el incremento esperado del gasto público para este ejercicio, desde el 4,1% inicial. Dicha cifra implica que el gasto del aparato público superará en alrededor de US$ 300 millones lo aprobado por el Congreso en noviembre, con lo que el erario nacional ascenderá a más de US$ 71.400 millones.
“Hemos sido bastante mesurados, no quiero decir con esto que tenemos la batalla ganada y nos iremos a celebrar. ¡No! Queda mucho aún por trabajar”, aseguró Larraín ante los senadores y diputados.
El escenario más holgado y las medidas de austeridad aplicadas por Hacienda permitirán reducir a 1,7% del PIB el déficit efectivo proyectado para este año, dos décimas menos que lo calculado en octubre. A nivel estructural, se ratificó el compromiso de pasar de 2% del PIB a 1,8% del Producto de déficit a diciembre.
El pero… guerra comercial
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias. Ante los legisladores, el ministro Larraín dio espacio para hacer una serie de advertencias. Una de las principales, junto con el deterioro del mercado laboral (ver nota relacionada), fue el impacto que la denominada guerra comercial entre China y Estados Unidos puede tener en la economía chilena.
Al inicio de su ponencia, la autoridad recalcó que los términos de intercambio para el país “han empeorado” debido al incremento en el precio del petróleo y la caída de la libra del cobre, que ya perdió la barrera de US$ 3 por libra.
En esta línea, planteó que el escenario internacional está “sesgado a la baja” y que un empeoramiento en la pugna comercial entre las dos principales economías del mundo no está incorporado en las proyecciones de los analistas.
“No está asegurado el crecimiento mundial. Los términos de intercambio se han deteriorado para Chile y las condiciones financieras han empeorado. Y no es descartable que el precio del petróleo se mantenga más alto de lo anticipado”, aseguró.
Respondiendo las críticas de los parlamentarios de oposición, Larraín señaló que nunca ha bajado el perfil al impacto del escenario internacional en la economía local.
“Estamos diciendo que vamos a tener un mayor crecimiento, pero nos parece como punto de estimación que el 3,8% es un número más adecuado a las condiciones que estamos viendo. Aspirar a más de 3,8% dependerá mucho de lo que ocurra con la guerra comercial”, enfatizó.
Larraín inquieto por impacto de la economía digital en el empleo
El posible impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China no fue el único "pero" en la presentación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el marco de las positivas proyecciones de actividad y finanzas públicas que planteó ante la comisión mixta de Presupuestos.
El secretario de Estado mostró su inquietud por la debilidad del mercado laboral, advirtiendo que si bien la tasa de desocupación no ha mostrado cambios "significativos", la composición no ha mejorado: "Seguimos dependiendo aún del empleo por cuenta propia y del sector público", aseguró.
Dicha apreciación va en línea con lo señalado por el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), en el que advirtió que el deterioro del empleo puede limitar la recuperación de la actividad.
"El empleo asalariado privado ha vuelto a crecer, pero el desafío laboral es grande", señaló el ministro de Hacienda.
En este punto, aprovechó de poner un tema en el debate: el impacto de la economía digital en el mercado laboral chileno. Citando un informe de la OCDE, planteó que un 55% de los puestos de trabajo en el país están en peligro de ser reemplazados vía automatización, por sobre la media de 48% de los países de dicho grupo.
"Debemos preocuparnos del cambio tecnológico. La evidencia internacional sugiere un efecto relevante sobre sectores como el comercio, las manufacturas y la construcción, que en Chile representan un 38% del empleo. Los primeros síntomas de automatización podrían estar apareciendo en el sector comercio", advirtió el titular de las finanzas públicas.
Reingresa decreto a Contraloría: Presidencia y Salud lideran montos de recortes de gasto
El Ministerio de Hacienda reingresó ayer a la Contraloría General de la República el decreto que define los recortes de gasto público por casi US$ 1.100 millones para este año, luego de que el mes pasado el órgano de control hiciera observaciones al texto y los distintos ministerios se acercaran a Teatinos 120 a proponer fórmulas alternativas para reasignar recursos.
En el marco de su presentación ante la comisión mixta, el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, reveló el detalle de los US$ 1.063 millones que se reducirán. Del total, US$ 446 millones corresponden a gastos operativos del aparato público, como en personal (trabajos extraordinarios, honorarios a suma alzada, viáticos y asignaciones de funciones críticas), gastos en bienes y servicios de consumo, y adquisición de activos no financieros (como computadores, automóviles, equipamiento de oficinas, etcétera). Asimismo, US$ 362 millones fueron rebajados de los gastos de libre disposición de la Presidencia de la República (el 77% de los montos que la administración saliente delegó a la actual para este año).
Adicionalmente, US$ 16 millones se redujeron del erario por ajustes en la inflación para el período, a lo que se adicionan US$ 238 millones en rebajas a programas específicos, como el Más Capaz del Ministerio del Trabajo (US$ 9,8 millones), US$ 39,4 millones en el MOP (por el prepago de una cuota del subsidio de concesión Los Vilos-La Serena que ya se realizó en 2017), US$ 7,9 millones que fueron anticipados en inversión en Transantiago el año pasado, y US$ 181 millones en la partida del Tesoro Público.
"El ajuste anunciado es el resultado de un esfuerzo de conversaciones con los ministerios para lograr disminuir el gasto administrativo que no es indispensable en el funcionamiento de los servicios públicos", señaló Cerda.
En el detalle por carteras, la Presidencia lideró el recorte en términos de magnitud, seguido de Salud (US$ 189 millones), Tesoro Público, Obras Públicas (US$ 56 millones) e Interior con US$ 53 millones. En relación a su erario, Presidencia y la Segpres redujeron más del 4% de sus recursos, seguido de Medio Ambiente (2,8%), Segegob (2,5%) y Minería (2,3%).
El ministro Larraín bajó el perfil a lo expuesto por Contraloría al primer decreto de gasto: "Hay observaciones formales y es parte de un proceso absolutamente regular y normal. El año pasado, la Dipres retiró con observaciones 132 decretos de la Contraloría. No hay ningún drama".
Operación Renta rindió menos
En el marco de la presentación, el director Cerda proporcionó un dato relevante: las cifras de la Operación Renta, que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dará a conocer en los próximos días, estuvieron por debajo de lo proyectado.
En su ponencia, aseguró que para el ejercicio comercial 2017 (tributario 2018), esperaban una recuperación de la base tributaria que pagan los contribuyentes distintos a la minería, lo que según revelan las cifras no ha ocurrido.
En total, la Operación Renta neta consolidada arrojó una caída de casi $ 500.000 millones, lo que es prácticamente la mitad de lo registrado en 2017.
"Lo que estamos diciendo es que la Operación Renta rindió menos de lo que estaba proyectado en el Informe de Finanzas Públicas que ingresó al Congreso a comienzos de octubre", señaló Larraín tras la sesión.
En esta línea, evitó anticipar un juicio respecto a si esto significaría que la reforma tributaria recaudó menos de lo esperado en 2017: "Es un análisis que tenemos que hacer y que sin dudas estamos haciendo", dijo.
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