Reforma laboral: ¿Cuánto cuesta el subsidio para trabajadores privados de libertad?

Un acotado impacto para el Fisco tendría el proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación, trabajo, familia e inclusión que recientemente ingresó al Congreso, tal como adelantó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Según el informe financiero de la propuesta, firmado por el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, la única medida del proyecto laboral que implicaría un mayor gasto para el Fisco es la ampliación del subsidio al empleo joven a personas que hayan cumplido condena o se encuentren cumpliéndola con el beneficio de libertad condicional o con alguna pena sustitutiva.

Sobre esta materia, el documento señala que según datos de Gendarmería, el total de egresados del sistema para el periodo 2016-2018 corresponde a 167.133 personas. De ese universo de personas, según las estimaciones del Ministerio del Trabajo -realizadas en base a la encuesta Casen 2017-, un 15% contaría con los requisitos para acceder al subsidio.

Por tanto, de acuerdo a ello, el documento estima que la modificación legal planteada se traducirá en 7.467 subsidios anuales adicionales.

El costo de dicha medida, por beneficiario, corresponde a $ 158.185. De esta manera, las modificaciones al empleo joven implicarán un mayor gasto fiscal de $ 1.181 millones (poco más de US$ 1,7 millones).

Cabe señalar que la propuesta, en el proyecto de ley, establece no podrán acceder al subsidio aquellas personas que hayan sido condenadas a presidio perpetuo, y quienes hayan sido condenados por: crímenes de lesa humanidad, violación, conductas terroristas, tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros.

Las otras medidas analizadas por Dipres, como el contrato de formalización y la obligatoriedad de los trabajadores de plataformas digitales a emitir boletas de honorarios, no implicarían un mayor gasto fiscal.

Pese a todo, el documento finaliza señalando que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley durante su primer año en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio del Trabajo y, en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria del Tesoro Público.