Las fórmulas que analiza el gobierno para impulsar la presencia de las mujeres en los directorios de las empresas privadas

Tal como se comprometió el Ejecutivo, el pasado miércoles por la noche ingresó una indicación al proyecto de ley que se tramita en el Senado que busca establecer una cuota de género en los directorios tanto de las empresas privadas como estatales. 

“Esta indicación busca dejar establecido por ley que la participación de las mujeres en los directorios de las empresas SEP no sea menor al 40%”, explica la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

De acuerdo con el texto propuesto por el Gobierno, “las personas de un mismo género no podrán exceder el sesenta por ciento del total de los miembros de los directorios”. Eso sí, esta propuesta sólo afectará a las entidades estatales, excluyendo a las privadas, que es lo especifican en la definición de las entidades consideradas.

“Esto es un importante paso, ya que asegura la incorporación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones sin depender de la voluntad del gobierno de turno”, recalca la secretaria de Estado.

En tanto, para las firmas privadas fuentes del Ejecutivo comentaron que se encuentran analizando diversas fórmulas para incluir en esta tramitación, que permitan impulsar la participación de las mujeres en los gobiernos corporativos, sin la necesidad de fijar una cuota en específico.

En paralelo, los parlamentarios de la comisión de Economía de la Cámara Alta se dieron cita para una semana más con el propósito de avanzar en la discusión de la moción parlamentaria que unió las propuestas de los senadores Isabel Allende (PS) y Felipe Harboe (PPD) para las compañías estatales, junto a la de los parlamentarios Álvaro Elizalde (PS), Ximena Órdenes (Independiente por la Región de Aysén), Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD) dirigidas a las sociedades anónimas.

De acuerdo con la idea original, la moción busca consagrar la paridad de género en todos los directorios de las empresas del Estado y sociedades anónimas, estableciendo una cuota obligatoria; incrementar el valor público y privado de dichas empresas al incorporar buenas prácticas de géneros validadas internacionalmente; y modernizar los directorios de las empresas en el ámbito de género.