Fue la negociación de salario mínimo realizada en abril de 2022 la instancia en la que el Gobierno de Gabriel Boric adoptó un compromiso de especial relevancia con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT): avanzar en un proyecto de negociación multinivel (o ramal como la han llamado algunos sectores).
“Durante el año 2023, se enviará al Parlamento un proyecto de ley que modifica las normas sobre el derecho colectivo del trabajo, particularmente en lo referido al ámbito y nivel de la negociación colectiva”, decía el acuerdo firmado en aquel momento por los ministros de Hacienda y del Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara, y los representantes de la CUT.
Si bien ha transcurrido tiempo, desde el Gobierno reafirman la urgencia que tiene para la actual administración avanzar en dicha materia. Sin embargo, sinceran que es una iniciativa que aún no tiene fecha de ingreso al Congreso.
“Es parte de nuestra agenda porque creemos que será bueno para el país”, insiste la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, agregando que sobre la temporalidad de su redacción y posterior presentación ante el Congreso “hay consideraciones que atender”, señala ante consultas de Diario Financiero.
Según explica la ministra, para la tramitación exitosa de un proyecto de ley en materia laboral es clave el diálogo social tripartito, y recalca que en esto ayuda concurrir con un acuerdo previo, tal como ocurrió con la discusión de la reducción de jornada laboral y las dos negociaciones de salario mínimo.
También estima que contribuye el análisis en instancias como el Consejo Superior Laboral y la construcción de mesas técnicas con un amplio espectro de representación, donde aporten académicos y organismos como la OIT.
“Seguimos conversando y, teniendo todos los elementos a la vista, definiremos la temporalidad de redacción y presentación, así como cuál es la estrategia legislativa más eficaz y eficiente para lograr el objetivo de tener negociación multinivel en Chile”, expone Jara.
Los ejes definidos
Pero aunque la propuesta no tiene fecha, al interior del Mintrab sí tienen claros algunos aspectos, como que su implementación contempla gradualidad, y que se trabajará con el apoyo de organismos internacionales.
“Como principio general, sostuvimos desde el primer día que los proyectos de ley que el Gobierno impulsaría en materia laboral tendrán una implementación gradual. Esto es fundamental para que la economía y todos los actores puedan adaptarse a los cambios. Nos hemos atenido a ese principio y lo seguiremos haciendo”, reafirma la ministra.
Con relación al trabajo previo, la secretaria de Estado comenta que han estado mirando con atención diversos modelos de negociación multinivel. “La experiencia comparada y las contribuciones técnicas son fundamentales en estos procesos”, dice y precisa que en esta fase ha sido clave el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, están explorando la posibilidad de contar con la colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “En ambos casos, y considerando las particularidades de Chile, observamos elementos de distintos países que puedan servir para la realidad local, como la capacidad de anticipar o resolver, en el marco de relaciones laborales modernas, distintas contingencias que enfrentan las empresas”, relata Jara.
¿Debate condicionado?
Si bien entre algunos actores existe la lectura de que el ingreso de este proyecto al Congreso depende del desenlace que tenga el proceso constituyente, por cómo quedaría consignada la figura de la huelga en la propuesta constitucional, desde la cartera descartan dicha afirmación.
“El ingreso no depende del resultado, sino de las conversaciones en el marco del diálogo tripartito permanente que ha permitido avanzar en varios ámbitos, pues tenemos que crear las mejores condiciones políticas y técnicas para que las iniciativas se materialicen”, asegura la ministra.
Pese a esto, la autoridad sincera que, por el momento, la prioridad legislativa es la reforma al sistema de pensiones y, adicionalmente, otros proyectos de ley que buscan mejorar la empleabilidad.
“Para favorecer la empleabilidad, estamos tramitando el proyecto que fortalece el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) y el que concilia la vida laboral, familiar y personal. Y, por otro lado, también está en curso la iniciativa que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, más conocido como Ley Karin”, ejemplifica Jara.
Dicho esto, plantea que “llegado el momento haremos un diálogo pre legislativo y legislativo propiamente tal, que también es clave para el éxito de las iniciativas, como lo han demostrado las experiencias ya mencionadas, como 40 horas”.
En Latinoamérica, Uruguay es uno de los países en donde la negociación colectiva se realiza de forma sectorial o a nivel de rama de actividad hace muchos años, siendo su origen la Ley de Consejos de Salarios de 1943.
De acuerdo a una nota técnica elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si bien dicha ley fue promulgada como un mecanismo de fijación de salarios mínimos por rama de actividad en forma tripartita, en los hechos sirvió de sostén de toda la negociación desarrollada en el país e, incluso, varios sindicatos se organizaron a nivel ramal para negociar en los consejos.
Actualmente, existen 24 grupos, que se dividen en 227 subgrupos donde se negocia. Por ejemplo, son subgrupos de negociación la industria láctea, las bodegas, el comercio minorista, la banca, los tambos, el servicio doméstico, entre otros.
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