La prueba de fuego que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera en Aysén

Por Equipo Política



Mientras se reanudan las conversaciones entre el Movimiento Social de Aysén y el gobierno en torno a las demandas de la región, son varias las lecciones que recogió el Ejecutivo. Por ejemplo, la imposibilidad de abordar las demandas con propuestas concretas y la necesidad de reaccionar con decisiones políticas.

En Palacio preocupó especialmente el caso Aysén porque se estimó que podría ser simbólico de las dificultades que se avecinan este año. Y la forma de encararlo se consideró una prueba de fuego para evitar que los conflictos sociales que se anuncian pongan en jaque al gobierno. Por eso, cuando Aysén empezó a transformarse en problema nacional, en La Moneda se ideó un modelo liderado por el propio Sebastián Piñera para esta situación y otras.




El modelo 


La idea es que hacia adelante se actuará sobre ciertas premisas básicas e intransables como que el gobierno siempre se mostrará dispuesto al diálogo -dado que se tiene conciencia de que algunas son demandas justas y que no se solucionaron durante los gobiernos de la Concertación-, pero que no actuarán bajo presión, aunque sí con propuestas serias y realistas que respondan a las peticiones.

Teniendo en cuenta algunas de las experiencias de estos dos años en el gobierno, se determinó que la respuesta del Ejecutivo no debía parecer apresurada ni cediendo a las presiones, como sucedió con la central termoeléctrica Barrancones.

Además, se busca mantener siempre el orden público como prioridad. De hecho, esto último fue impuesto con fuerza por el propio Piñera cuando ordenó que no se iniciaran negociaciones con los caminos bloqueados en Aysén.

El mandatario ha sido especialmente duro en este tema y ha dejado claro que cualquier solución será sin arriesgar el equilibrio fiscal. Por eso, insistirán en entregar respuestas concretas a los problemas locales o sectoriales, lo que estará a cargo de las autoridades correspondientes ya sea ministros, seremis, intendente, sin que se involucre directamente Piñera.

En lo concreto, entre el paquete de medidas se cuenta un subsidio al transporte del combustible de un 50%, subsidio a la leña, acelerar el proceso de secado de leña, cambiar los calefactores, subsidio a las aislaciones térmicas de las viviendas. Incluso el gobierno estaría dispuesto a subsidiar el combustible a los sectores más desfavorecidos en invierno, y la creación de una zona franca para eliminar el IVA del consumo del combustible la que se establecería en Puerto Chacabuco, además de la instalación de puntos de distribución en Puerto Aguirre, Villa O’Higgins y Melinka.

En materia de educación -además de becas- se facilitaría la instalación de dos instituciones de educación superior en la zona. Sobre un sueldo mínimo regionalizado, altas fuentes de gobierno afirman que el tema “es algo nacional y que requiere de proyectos de ley”. Además, hay una serie de propuestas en Agricultura, Pesca y Salud.




Falta de coordinación 


Con todo, existe un moderado optimismo en cuanto que el “modelo Piñera” se imponga porque se espera que triunfe la tesis de tratar las demandas como necesidades regionales o sectoriales, pese a que está presente la idea de que activistas tomen el control. En Palacio, admiten que Patagonia sin Represas ha influido fuerte en la situación de Aysén con el objetivo de impedir inversiones o que avance el proyecto HidroAysén.

Pese a ese reconocimiento, la idea del Ejecutivo es no apuntar con fuerza a ese punto, porque se puede transformar en un factor de unidad de quienes se oponen al gobierno y conseguir apoyo en otras regiones entre quienes rechazan el modelo económico.

Es más, fue el propio Piñera quien comunicó a los dirigentes de RN y la UDI que no está dispuesto a transar, ni a entregar más de lo que considera, ni menos hacerlo bajo presión. “No todo lo que se pide, se tiene que conceder”, afirman categóricos desde el Ejecutivo.

Eso sí, reconocen en La Moneda, que aun cuando sabían de esta situación, no se dimensionó adecuadamente, pese a que la Unidad de Análisis de Conflictos Sociales estaba al tanto, pero no pudo iniciar acciones para desactivar el conflicto, lo que ha generado un nuevo cuestionamiento al jefe de gabinete, Rodrigo Hinzpeter, pues la repartición depende de Interior.

Además, en el gobierno se ha criticado internamente la incapacidad para tener una buena comunicación con los gobiernos regionales y, para ello, la reunión de intendentes que se realizará la próxima semana en Santiago -además de sociabilizar el instructivo de actuación de las autoridades en el marco del período eleccionario- analizará profundamente ese tema.

Pero los problemas de coordinación también quedaron al descubierto en los partidos oficialistas, en parte como consecuencia de las rivalidades internas que impiden una mirada común de los problemas. Parlamentarios del gremialismo -al estallar el conflicto- en vez de aunar criterios intentaron “descabezar” la Intendencia de Aysén y sacar a Pilar Cuevas, militante de RN, quien es la máxima autoridad regional.




Ola de protestas


En La Moneda también reconocen como un gran déficit la falta de relación con el mundo social. Saben que no han tenido la capacidad de abrir esos espacios, pero afirman que esto sucede porque los dirigentes son opositores y velan por sus intereses.

De hecho, la forma en que se enfrentó la ola de protestas es considerada como una prueba de fuego para los conflictos sociales que se avecinan y, en ese escenario, no fue casual la amenaza de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado.

En el gobierno el conflicto que se ve con mayor preocupación es Calama, porque de parar Chuquicamata el conflicto no será sólo social sino que también económico. En ese sentido, el gobierno está preparando propuestas para la zona, dado que lo que quieren es que la solución de Aysén sea un precedente en que se den respuestas realistas, pero no excesivas para alentar a otras regiones o sectores a hacer lo mismo. Pero todo en un escenario de diálogo y con estricto respeto al orden público.