Economía y Política
La encrucijada del Consejo para la Transparencia
Hasta que el Senado no ratifique la propuesta del Ejecutivo para la instancia, el trabajo del consejo directivo estará paralizada.
Por: | Publicado: Viernes 28 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
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Por Angela Chávez Molina
Polémica e incertidumbre son las palabras que describen el presente y futuro, al menos inmediato, del Consejo para la Transparencia. Es que por estos días el organismo, vigente desde 2009, ha estado en el ojo del huracán luego que el gobierno, resolviera no repostular en el cargo al actual presidente de la instancia, Raúl Urrutia (RN), y al consejero Juan Pablo Olmedo (PPD).
La medida, que es una prerrogativa presidencial, ha desatado una serie de versiones sobre las razones que tuvo el Ejecutivo para no renovarle el cargo a ambos profesionales. Se ha dicho que fue porque estaban desempeñando su labor “con celo”. También trascendió que el gobierno estaría “molesto” porque el Consejo ha emitido una serie de resoluciones que obligan a hacer públicos algunos correos electrónicos vinculados a las gestión de una varias instituciones públicas. Ese es el “gallito” que por estos días los enfrenta con la Subsecretaría del Interior, que se negó a entregar unos correos relacionados con la reconstrucción, argumentando que eran “privados”. El caso está en la Corte de Apelaciones de Santiago.
La incertidumbre, en tanto, está dada porque se desconoce si el Senado le dará luz verde a los dos nombres propuestos por el gobierno para llenar los cargos de Urrutia y Olmedo, los abogados Samuel Donoso (ex PPD) y José María Eyzaguirre, cercano al timonel de RN.
El gobierno necesita 25 votos para la aprobación de ambos candidatos, por lo que tiene que recurrir a 7 senadores de la Concertación para conseguir el quórum suficiente para ratificarlos. El bloque, en tanto, ha puesto en duda su apoyo dados los reparos que tienen por la forma como ha procedido el Ejecutivo en la materia. Pero ello se producirá recién a partir del 8 de noviembre, por lo que hasta esa fecha y hasta que ambos nombres no sean ratificados, el Consejo estará paralizado, pues para sesionar y resolver se requiere que al menos tres de los cuatros consejeros que integran la instancia estén presentes.
Polémica e incertidumbre son las palabras que describen el presente y futuro, al menos inmediato, del Consejo para la Transparencia. Es que por estos días el organismo, vigente desde 2009, ha estado en el ojo del huracán luego que el gobierno, resolviera no repostular en el cargo al actual presidente de la instancia, Raúl Urrutia (RN), y al consejero Juan Pablo Olmedo (PPD).
La medida, que es una prerrogativa presidencial, ha desatado una serie de versiones sobre las razones que tuvo el Ejecutivo para no renovarle el cargo a ambos profesionales. Se ha dicho que fue porque estaban desempeñando su labor “con celo”. También trascendió que el gobierno estaría “molesto” porque el Consejo ha emitido una serie de resoluciones que obligan a hacer públicos algunos correos electrónicos vinculados a las gestión de una varias instituciones públicas. Ese es el “gallito” que por estos días los enfrenta con la Subsecretaría del Interior, que se negó a entregar unos correos relacionados con la reconstrucción, argumentando que eran “privados”. El caso está en la Corte de Apelaciones de Santiago.
La incertidumbre, en tanto, está dada porque se desconoce si el Senado le dará luz verde a los dos nombres propuestos por el gobierno para llenar los cargos de Urrutia y Olmedo, los abogados Samuel Donoso (ex PPD) y José María Eyzaguirre, cercano al timonel de RN.
El gobierno necesita 25 votos para la aprobación de ambos candidatos, por lo que tiene que recurrir a 7 senadores de la Concertación para conseguir el quórum suficiente para ratificarlos. El bloque, en tanto, ha puesto en duda su apoyo dados los reparos que tienen por la forma como ha procedido el Ejecutivo en la materia. Pero ello se producirá recién a partir del 8 de noviembre, por lo que hasta esa fecha y hasta que ambos nombres no sean ratificados, el Consejo estará paralizado, pues para sesionar y resolver se requiere que al menos tres de los cuatros consejeros que integran la instancia estén presentes.