Subsecretario Díaz: “El fantasma de la judicialización lisa y llanamente no se ha dado”

A cuatro meses de la puesta en marcha de la reforma laboral, ya comienzan a asomar los primeros números. Y aunque para el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, sacar conclusiones absolutas puede ser apresurado, asegura que hay tendencias. “Es temprano para hacer una evaluación precisa, pero lo que sí descartamos es que la reforma haya producido una explosión de huelgas, que es como muchos intentaron descalificar esta reforma en sus inicios”, sostiene.

- ¿Y en servicios mínimos?

- Una segunda tendencia se da en esta materia. El fantasma de la judicialización lisa y llanamente no se ha dado. Los servicios mínimos son el primer trámite obligatorio. En materia de servicios mínimos, con cerca de más de 200 requerimientos en total y 270 acuerdos en general, podemos decir que hasta el momento tenemos solo cuatro casos de judicialización. Es decir, una tasa muy inferior al 3%, lo que es evidentemente una tasa baja que habla de que las partes han logrado conversar o que la Dirección del Trabajo (DT) ha hecho bien su labor.

- ¿Cómo reacciona ante las críticas de los expertos, que siembran la duda cuando la justicia se declara incompetente por servicios mínimos?

-Hay un debate jurídico. Hay dos casos donde la justicia se ha declarado incompetente. Un caso donde se declaró competente y, por tanto, los tribunales serán quienes determinarán si es que existe o no una vía de resolución judicial del servicio mínimo que haya efectuado el director nacional del Trabajo, en uso de su facultad del recurso jerárquico que le entrega la ley.

- Pero el que los jueces se declaren incompetentes en servicios mínimos, ¿marca una tendencia de no querer involucrarse o por cierto cuidado de marcar jurisprudencia?

- No, los jueces están haciendo un análisis jurídico respecto de la posibilidad de que exista un recurso sobre la resolución del director nacional. La ley efectivamente no contempla un recurso expreso sobre esa resolución y los jueces han interpretado que, al no haber recurso expreso, ellos se declaran incompetentes.

- Ha sido enfático en señalar que el fantasma de la judicialización no fue tal, pero la exministra Rincón lo vaticinó...

- La exministra Rincón se refirió al caso de los grupos negociadores que producto de la acción del Tribunal Constitucional quedaron excluidos de la ley, pero con una declaración de poder existir según la Constitución. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de reclamo judicial sobre grupos negociadores.

Empresas estratégicas: criterio “restrictivo”

- ¿Es esperable una tendencia a la baja en el listado de empresas estratégicas en las próximas resoluciones?

- Este es el criterio que adoptaron los ministros (Economía, Trabajo y Defensa) en su oportunidad, insisto, un criterio restrictivo, excepcional, entendiendo que hay una segunda vía para abordar casos de utilidad pública, que son los servicios mínimos. Por tanto, el listado de empresas estratégicas se restringe a aquello sobre lo que Contraloría ha dictaminado un criterio o bien casos graves o gravísimos de afectación clara e inminente a la seguridad nacional, a la economía nacional o la vida de las personas, como en el caso de los centros de diálisis.

- Si bien la CUT valoró la reducción de la lista, acusó contradicción al declarar a empresas sin derecho a huelga que no son capaces de asegurar el suministro de sus respectivos servicios. ¿Esto no fue considerado?

- El 2006, el primer gobierno de la Presidenta Bachelet intentó excluir de la lista, por ejemplo, a las empresas sanitarias, siguiendo la lógica que la CUT en este caso ha señalado. Empresas que subcontratan gran parte de su operación y que no se justifica que se encuentren en este listado y Contraloría dictaminó en dos ocasiones que las empresas sanitarias, al estar definidas de utilidad pública por la propia ley, debían ser incluidas en el listado. Esa es la razón por la cual ahora se mantienen en este listado.

- ¿Hay alguna particularidad en esta lista?

- El listado tiene este gran grupo, el 90% son aquellas que han sido definidas de utilidad pública, que hay dictámenes que así lo señalan. Después, hay un grupo más pequeño de graves problemas al abastecimiento y a la economía, como por ejemplo el Banco Central, o están también los centros de diálisis. Quizás esas sí son una novedad. En el caso de los centros de diálisis, lo que ocurre es que la autoridad de salud y los expertos nos han señalado que estos centros operan con una dotación permanente que no puede bajar sin poner riesgo la vida de las personas que allí se atienden. Por tanto, si uno quisiera pensar en un servicio mínimo, este sería prácticamente el total de la dotación, haciendo ineficaz la huelga. Y, por tanto, no podíamos arriesgar la vida de la población. Creo que la inclusión de ellos denota el criterio de extrema gravedad que debe regir a la hora de incluir una empresa en la lista. No cualquier empresa entra en la lista.

Bono en BancoEstado: "Destacamos la negociación anticipada. No calificamos"

- BancoEstado acordó con su sindicato un bono de $4,5 millones por término de conflicto. ¿Es coherente con el llamado a la prudencia fiscal?

- Ahí lo que ocurrió y, como autoridad del Trabajo tenemos que destacar, es que hubo una negociación colectiva anticipada y eso es siempre destacable, que las partes se sienten a la mesa voluntariamente. Es siempre destacable y preferimos quedarnos con eso más allá de cualquier otra implicancia.

- Pero la cifra es millonaria y no deja de ser polémica en un contexto económico apretado...

- Preferimos destacar una negociación anticipada de ambas partes con un acuerdo que suponemos deja conforme a ambas partes y eso es nuestro rol. No calificamos.

- El que BancoEstado haya avanzado en su negociación sin cerrar aún los servicios mínimos, ¿no hace pensar que los servicios mínimos se convirtieron en la principal negociación como se vaticinó?

- No estoy de acuerdo con esa visión y fue, insisto, uno de los fantasmas que se ha querido levantar sobre la reforma y que después la evidencia indica que no eran tales. Al momento de que exista una huelga fortalecida, uno tiene que razonablemente hacerse la pregunta sobre daños desproporcionados y permanentes que la huelga pudiera generar en otro ámbito, daños materiales a los bienes de la empresa, daños al medioambiente, daño en la vida o en la salud de las personas, y de ahí surge la institución de los servicios mínimos. ¿Cuándo es mejor que se conversen? Evidentemente es mejor hacerlo antes.

Es una institución nueva, los actores tienen que acostumbrarse a ella, pero las cifras nos demuestran que hay más de 70 acuerdos en todo Chile y hay 200 requerimientos, es decir, un alto porcentaje de empresas han tenido la madurez y la responsabilidad de llegar a acuerdo con sus sindicatos. Y de los que llegaron a requerimiento, hay un alto porcentaje que ni siquiera apela ante el director nacional. De lo que resuelve el director nacional, solo cuatro de 270 han llegado a tribunales. Es decir, las partes están mostrando ser bastante más razonables que cualquier análisis ideologizado y poco técnico respecto de esta materia.