Gobierno realizará cambios a la reforma laboral para ampliar uso de pactos de adaptabilidad

Una segunda oportunidad podría tener la flexibilidad laboral en el país. De hecho, el actual gobierno ya está diseñando cambios para ampliar el uso de los llamados pactos de adaptabilidad que introdujo la reforma promovida por la administración Bachelet -la que recién cumplió 1 año en implementación-, pero cuyo uso ha sido limitado en medio de exigencias vigentes, como el hecho de que las empresas deben tener una afiliación sindical igual o superior al 30%.

Mientras estas figuras buscaban que empleadores y trabajadores acordaran cumplir con la jornada ordinaria de 45 horas semanales en solo cuatro días o que los trabajadores realizaran sus labores a distancia -en lugares distintos a los de la empresa- para cumplir responsabilidades familiares o por otras razones acordadas entre las partes, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, explicó a DF que a la fecha se han suscrito sólo tres, siendo CAP S.A. la primera en hacerlo el jueves pasado.

“Lamentablemente, nos hemos ido quedando atrasados (...) es nuestra obligación modernizar nuestras legislaciones para acompañar a nuestros trabajadores en los cambios que vienen. La adaptabilidad laboral tiene muchos beneficios y, como gobierno, los potenciaremos y trabajaremos para que no sea sinónimo de precariedad”, expuso el secretario de Estado, quien agregó que “vamos a impulsar cambios en la legislación para promover su uso”.

Para firmas con o sin sindicato

Monckeberg sostuvo que uno de los primeros pasos para masificar el uso de esta herramienta será emitir dictámenes desde la Dirección del Trabajo que establezcan “los límites y las formas en que estos pactos deben llevarse a cabo, para que siempre la adaptabilidad sea para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, las relaciones laborales, la productividad de la empresa y nunca para precarizar el empleo. Esto mismo nosotros lo vamos a defender y aclarar a través de dictámenes”, recalcó.

Sin embargo, los planes del gobierno actual van más allá, y el equipo del Ministerio del Trabajo se encuentra elaborando modificaciones legislativas a la actual norma.

“Vamos a impulsar cambios en la legislación para que también sea una posibilidad acordar estos pactos individualmente al interior de las empresas, y también en aquellas firmas en las que no hay sindicatos, o los sindicatos son de menor representación. Estos pactos deben permitirse individualmente y en empresas sin sindicatos. Eso es algo que vamos a discutir en el Congreso”, aseguró el ministro.

Actualmente, según está establecido en la reforma laboral, estos mecanismos durarán un máximo de tres años y no podrán ser acordados en negociaciones colectivas regladas, y dependerán de que los estatutos sindicales establezcan cómo se aprueban estos pactos. Además, su ámbito de aplicación alcanzará a todos los afiliados al sindicato, salvo que las partes acepten exclusiones individuales solicitadas por trabajadores.

Según datos de la propia cartera, estos cambios permitirían que cerca de 250 mil personas se puedan integrar al mercado laboral, siendo las mujeres la población más beneficiada. “Nuestras actuales leyes son culpables de que hoy tengamos un mercado laboral tan poco inclusivo (...) son muchas las mujeres que hoy día no pueden trabajar y rechazan ofertas de empleo porque sencillamente tienen poca capacidad para adaptar su jornada de trabajo a su vida personal”, aseguró el secretario de Estado.

A juicio del ministro Monckeberg, fomentar este tipo de herramientas es clave para avanzar en mayor capacitación laboral y corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos.

“Nuestro mercado laboral requiere normas laborales que permitan a los trabajadores mantener una capacitación permanente, muchos de los empleos que vamos a ver en Chile en los próximos 10 años requieren una mayor productividad por la digitalización (...) además, estos pactos de adaptabilidad van a permitir una mayor corresponsabilidad, por parte de trabajadores, porque entrega más facilidades para que las mujeres puedan ingresar al mercado del trabajo”, recalcó.

Suprema ratifica competencia en casos de servicios mínimos

Un pronunciamiento que no dejó a nadie indiferente fue el que dio el pasado miércoles la Primera sala de la Corte Suprema, la cual volvió a ratificar la competencia de los juzgados de letras del trabajo para abordar las reclamaciones sobre servicios mínimos.

Esta vez, el máximo tribunal declaró competente al Primer Juzgado de Letras del Trabajo para conocer y resolver la reclamación de servicios mínimos deducido por la empresa Tecnoglobal, ordenando que un juez zanje el asunto.

Anteriormente, la Corte Suprema había emitido un primer pronunciamiento sobre la materia, en relación a la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP). En este caso el máximo tribunal había rechazado un recurso de queja presentado por la Dirección del Trabajo (DT) en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había revertido la incompetencia declarada por un juzgado del trabajo en primera instancia.

A juicio de Jorge Arredondo, director del Grupo Laboral de AZ, "lo que se está dando es una consolidación respecto de la eventual reclamación judicial de los servicios mínimos, lo que eventualmente con el cambio de administración de la Dirección del Trabajo también abriría la posibilidad de que no solo sea la empresa quien pueda reclamar respecto de los servicios mínimos, sino que si consideramos que los tribunales laborales son competentes para conocer esta calificación, perfectamente un sindicato podría reclamar respecto de la calificación que potencialmente haga la DT".