Reforma de pensiones: DC propone crear empresa pública para competir con gestores privados y se extiende plazo de Mesa Técnica

La Mesa Técnica de Pensiones sostuvo este lunes una nueva reunión con el fin de seguir buscando un acuerdo que habilite la aprobación de la reforma, en particular. Ello, pese a que Chile Vamos decidió no participar en la instancia y, por el contrario, negociar en paralelo con el Gobierno en base al documento que la semana pasada le hizo llegar al Ejecutivo, pero que dista bastante de la propuesta que las autoridades esperan sacar adelante.

Aunque se entendía que esta semana la Mesa Técnica concluía su labor con un acuerdo que se traduciría en una serie de indicaciones patrocinadas por el Ejecutivo, los partidos que integran la instancia pidieron al Gobierno tomarse más tiempo para esta tarea, por lo que se definió que el 13 de abril no se cerrarán las negociaciones, como estaba definido originalmente.

No obstante, se seguirá adelante con el estudio de las distintas propuestas que los partidos están poniendo sobre la mesa, algo en lo que la Democracia Cristiana ha sido bastante activa, a través de su representante en la instancia, el presidente de la colectividad, diputado Alberto Undurraga, quien aclara que ello se debe a que si bien aprobó la reforma en general, porque comparte las ideas centrales, no así algunos de los instrumentos específicos que propone el Gobierno.

En este sentido, a su propuesta alternativa a las cuentas nocionales -fórmula con que no está de acuerdo la DC y el PDG- que hizo la semana pasada, ahora añadió otra que tiene relación con la separación de la industria, que es uno de los elementos centrales de la reforma.

Según explica el parlamentario, está convencido de que la separación de funciones de la industria beneficia al usuario, porque “fundamentalmente, permite que las ganancias de eficiencia se traspasen a los afiliados, generando un delta adicional que permite aumentar las pensiones”, algo que, desde su punto de vista, no está ocurriendo en la actualidad.

Para Undurraga, de todos los argumentos que se esgrimen para la separación de la industria, el económico es el más relevante, porque no sólo permite mayor competencia en la administración de los fondos, sino que también que exista un soporte que aproveche economías de escala en la administración de las cuentas. En cambio, el esquema de la propuesta del Gobierno impide la competencia pareja entre el inversor público y el estatal, lo que a su juicio debe corregirse.

Por lo pronto, está el hecho de que el inversor público actúa por defecto, es decir, que si un afiliado no menciona opción automáticamente se deriva al ente público; además, el inversor público invierte el saldo que respalda en parte las cuentas nocionales, por lo tanto, tiene un volumen de mercado más grande, de entrada, que sus competidores, lo que le da otra ventaja frente a sus competidores; y, por último, el inversor público es un servicio público y los privados son empresas, de manera que el primero no tiene la obligación de remunerar el capital y el inversor privado sí.

Mayor competencia

Y, a partir de estas premisa, con el fin de emparejar la cancha para todos los inversores, es que Undurraga propone tres modificaciones: que en caso de haber una opción por default esta debería ser hacia el más barato, ya sea público o privado indistintamente; eliminar del proyecto las cuentas nocionales, como ya se lo planteó al Gobierno; y, que el inversor público se estructure como empresa pública y sea sometido a las mismas regulaciones que las empresas competidoras.

“De esta forma se tendría un inversor público, que actúa en un mercado específico, que se rige por las mismas reglas que sus competidores y que, en esa cancha, algunos pudieran elegir entre inversores públicos o privados. Pero, en eso se puede garantizar una mayor competitividad, por lo tanto, mayor eficiencia y mejor servicio”, es como defiende Undurraga su propuesta.

El exministro se explaya explicando que cuando el Estado ha decidido estar en algunos sectores específicos de la economía, lo ha hecho a través de empresas, como Codelco, BancoEstado.

El diputado cree que en cuanto a la necesidad de una mayor competencia, comparte con Chile Vamos, algunos sectores del PPD y del PS la mirada, por lo que su propuesta podría tener futuro. Incluso, asegura haber consultado al Ejecutivo acerca de si evaluaba positivamente o no la posibilidad de tener una estructura corporativa de empresa para el gestor público, de manera que actuara en igualdad de condiciones con los gestores privados, “la respuesta es que no se cerraban a ninguna posibilidad”.

De manera que todos los integrantes de la mesa se comprometieron a hacerle llegar formalmente al subsecretario Christian Larraín las observaciones, diferencias o acuerdos con determinadas partes del proyecto, este miércoles 12. Aunque los principales nudos siguen estando en el destino del 6% y la separación de la industria, otros temas sobre los que podría haber dudas son modo de pago –retiro programado o compañías de seguro–, la estructura de la Superintendencia de Pensiones, y cobranza de pensiones, entre otros.