UAF exige al sector financiero informar "verdaderos dueños" de las empresas que son sus clientes

Entrar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no es cualquier cosa. Puertas metálicas, claves, huella digital y una discreción a toda prueba buscan resguardar los secretos que esconde este organismo. Es que por ley no pueden entregar información a nadie, salvo a la fiscalía, porque son los encargados de recibir los “reportes de operaciones sospechosas” (ROS) que persiguen la detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Liderada desde 2013 por Javier Cruz Tamburrino, en una de las pocas entrevistas que da su director, explica los alcances de la circular que fija plazo hasta septiembre al sector financiero para entregar los beneficiarios finales de las compañías con que se relacionan, esto es, conocer “quiénes son los verdaderos dueños detrás de las empresas”.

-¿Se han incrementado los reportes de actividades sospechosas de lavado de activos?

-En la medida que todos los años uno va capacitando a los agentes del mercado y al sector público, evidente que la percepción que tienen estos agentes de actividades sospechosas aumenta, porque sin conocimiento es imposible que tú detectes. Hemos tenido miles de capacitaciones y desde el año 2015 al 2016 ya hubo un aumento sustantivo, pero en 2016 a 2017 pasamos de dos mil a tres mil reportes de actividades sospechosas y este año vamos a estar cerca de los 5 mil o más reportes de actividades sospechosas. ¿Eso qué significa? ¿Qué el país es más peligroso? No, sino que el país está más alerta y con mayor conocimiento a los elementos que podría involucrar un lavado de activos.

-¿Por qué no fiscalizan a las automotoras considerando la potencial vinculación de autos de alta gama con el narcotráfico?

-Hoy tenemos 38 sectores económicos bajo nuestra fiscalización, lo cual es una gran cantidad. Creo que después del SII somos el servicio que tiene más entidades fiscalizadas. Pero siempre van a surgir sectores económicos en los cuales uno podría pensar que es valorable que se sumen a este esfuerzo de prevención y el sector automotriz es uno de ellos. También creemos que otro sector que podría aportar mucho en cuanto a información, pero que no es el único, es el de las compraventas de oro y metales, que también son importantes. Podrían representar un apoyo a este esfuerzo preventivo. Pero no tenemos una facultad administrativa para agregar sectores, eso es materia de modificación de ley.

-¿Qué esfuerzos están impulsando como UAF?

-Hay temas que la UAF ha empujado y recién la sociedad está empezando a entender la importancia que tienen, como conocer los beneficiarios finales de las empresas. ¿Qué significa eso? Saber quiénes son los verdaderos dueños, qué hay detrás de las empresas y evitar de esa forma que a través de la estructuración jurídica de sociedades se pueda ocultar a terceros que eventualmente podrían estar tratando de ingresar a la economía dineros ilícitos. Estos registros para conocer realmente a quiénes están detrás de estas estructuras es un tema que hoy es de primer orden a nivel internacional. Chile avanza poco a poco hacia tener un registro público donde las personas con un interés legítimo puedan acceder y saber quiénes son los dueños de las empresas.

-¿En qué consiste la solicitud realizada a los sectores que fiscaliza?

-La instrucción que les dimos a través de la circular 57 es solicitar a una cantidad importante de sujetos obligados del sector financiero a que pidan a sus clientes, personas jurídicas, que les entreguen esa información. Les estamos pidiendo a esos bancos, corredoras y otros sectores que conozcan mejor con quiénes hacen negocios, que no se queden sólo con que hacen negocios con determinada empresa. El problema que se ha vislumbrado a nivel internacional es que la opacidad societaria a lo que conlleva finalmente es a que el Estado recaude menos impuestos, a que el país se vea más expuesto a amparar sociedades pantallas o de papel que lo que buscan es generar situaciones ficticias para lavar dinero y eso hay que combatirlo. Y la institucionalidad chilena desde el punto de vista de la organización de las personas jurídicas es una institucionalidad que permite construir un registro de manera relativamente sencilla, pero hay que hacer algunos cambios normativos para que así suceda.

-¿Por qué en Chile no se le ha dado relevancia a este tema?

-Creo que en Chile a veces estos temas se ven menos urgentes, porque los problemas que enfrentamos son menos impactantes desde un punto de vista económico. Casos como los de Odebrecht han llevado a que muchos países hayan avanzado rapidísimo, casi por obligación, hacia este tipo de normativas para saber con quién estás negociando. Desde 2008 que el G8 y luego el G20 hicieron un llamado a hacer este tipo de registros y desde 2012 se estableció como estándar internacional antilavado. A partir de este año Chile, a través del convenio recíproco de entrega de información tributaria, debe tener sistemas de beneficiarios finales e ir avanzando hacia allá rápidamente. Ya hay varios países en Latinoamérica que los tienen como Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica y son públicos.

-¿Qué plazo hay para lograr estos registros?

-Hasta septiembre hay un primer plazo para hacer la petición de información a todos los clientes y hasta el momento la información que hemos tenido de las entidades reportantes que están consolidando la información es bien positiva, pensamos que quizás iba a existir más reticencia de los clientes, pero al contrario, todos han entendido que esto es para generar mayor transparencia. El 99% de las personas en Chile hace sus negocios legítimamente y no tiene problema de entregar la información.

¿Quiénes son los beneficiarios finales?

La circular 57 está dirigida a todos los sujetos obligados del sector financiero y define como beneficiario final a: La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona o estructura jurídica determinada. Y la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer, directa o indirectamente, una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona o estructura jurídica.

Los que deben informar

Los sujetos obligados del sector financiero que deben solicitar información de los beneficiarios finales de sus clientes personas y estructuras jurídicas son: administradoras de fondos mutuos; administradoras generales de fondos; agentes de valores; bancos; bolsas de productos; bolsas de valores; casas de cambio; compañías de seguros; cooperativas de ahorro y crédito; corredores de bolsas de valores; corredores de bolsas de productos; emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago; empresas de arrendamiento financiero (leasing); empresas de depósitos de valores regidas por la Ley N° 18.876; empresas de factoraje (factoring); empresas de securitización; instituciones financieras; operadores de mercados de futuro y de opciones; otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera; representación de bancos extranjeros; y sociedades administradoras de fondos de inversión privados.