El complejo escenario que enfrenta el contralor Bermúdez
Lo más probable es que el abogado opte por dejar su cargo si el máximo tribunal ratifica la reincorporación de Dorothy Pérez como subcontralora.
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“Mientras tanto, sigo trabajando con las mismas ganas para que este país sea un poquito menos corrupto, que es mi trabajo”. Esa fue la definición que hizo ayer el contralor de la República, Jorge Bermúdez, de cara a la apelación que realizará el próximo lunes ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo en primera instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual decretó la reincorporación de la exsubcontralora Dorothy Pérez.
Acompañado de su jefe de gabinete, Carlos Peña, el personero enfrentó a la prensa como parte de una de las contadas apariciones ante los medios, luego de que estallara el caso el 21 de agosto cuando solicitó la renuncia de su otrora mano derecha por “pérdida de confianza”, quien se negó a dejar el cargo iniciando una batalla legal que tendrá una decisión final en la Corte Suprema.
Al comentar el fallo de la Corte de Apelaciones, que por tres votos a cero acogió la solicitud de Pérez, dijo que están trabajando con sus abogados del Consejo de Defensa del Estado para la apelación.
Ante el escenario de que el máximo tribunal confirme la resolución -y lo obligue a trabajar con ella-, Bermúdez admitió la dificultad. “Es complicado. Pero eso pregúntemelo cuando salga la sentencia de la Suprema, ahí voy a tener más claridad de lo que voy a hacer”, afirmó.
El “todo o nada”
El contralor se juega el “todo o nada” en esta última instancia, afirman fuentes de gobierno, que siguen con especial atención lo que ocurre en el ente contralor.
Incluso, algunos ya anticipan que desde La Moneda han activado un plan para buscar al reemplazante de Bermúdez en el hipotético caso que deje su cargo.
Esta opción se asume que no es necesariamente descartable en un escenario muy cambiante y donde la “doctrina del contralor” de tener facultad para remover a la subcontralora está en tela de juicio y su permanencia -ante un nuevo revés judicial- sería insostenible.
El diputado Leonardo Soto (PS) asume que una Contraloría con sus dos más altas autoridades “enfrentadas en juicio, no es posible.Una o ambas deben dar un paso al costado”, opinó.
El contralor solicitó la renuncia a Pérez por “pérdida de confianza”, luego de saber que sería llamada a declarar en la causa de fraude en Carabineros. Y aunque la entonces subcontralora se negó a dejar el cargo, fue destituida y Bermúdez nombró un reemplazo en ese cargo.
Entonces, ella presentó un recurso en tribunales acusando una medida “ilegal y arbitraria” en su contra. A su juicio, insiste en que goza inamovilidad y para ello se apega a la Ley Orgánica de la Contraloría que indica que “el subcontralor gozará de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. La remoción del Contralor General y del subcontralor corresponderá al Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los Ministros de la Corte Suprema”.
Cuando el contralor presente su apelación todas las miradas estarán puestas en los jueces que integran la tercera sala de la Corte Suprema: Sergio Muñoz, Eugenia Sandoval, Carlos Aranguiz, Arturo Prado y Angela Vivanco. El primero es el presidente y se enfrentó con Bermúdez en una contienda de competencias en el caso de la DGA, que ganó finamente la Contraloría al Poder Judicial, pero desde el ente contralor esperan que ese no sea un hecho que incline la balanza o sea tomado en cuenta a la hora de fallar en esta compleja trama judicial.