Crece indignación en Chile por HidroAysén

Las protestas contra la construcción de un mega complejo hidroeléctrico en la zona de Aysén se han intensificado desde que las autoridades dieron luz verde al proyecto el 9 de mayo. Los activistas ambientales están cada vez más envalentonados como parte de un creciente movimiento de todo el país y los niveles de aprobación del presidente Sebastián Piñera han sufrido un golpe. En el evento más reciente, el 20 de junio un tribunal de apelaciones chileno suspendió temporalmente el proyecto. Es probable que el conflicto continúe durante años, lo mismo que la controversia sobre la dirección de la política energética de Chile en general.

Varios gobiernos han luchado por hacer frente a las debilidades estructurales de energía de Chile en un contexto de demanda interna creciente y aumento en los costos de energía. Chile tiene poco petróleo y gas natural propios y es cada vez más dependiente de la energía importada, que a veces ha sido poco fiable.

El proyecto hidroeléctrico HidroAysén es parte de un plan para hacer frente a los problemas de energía del país. El gobierno argumenta que sin un aumento importante en el suministro eléctrico interno, el crecimiento económico y desarrollo de Chile podrían verse obstaculizados. Sin embargo, los opositores replican que el proyecto de la represa será inaceptablemente perjudicial para el medio ambiente y las comunidades locales, y que Chile debería centrarse en otras formas de energía renovable.




En espera 


El proyecto será construido por el consorcio HidroAysén e implica la construcción de cinco plantas hidroeléctricas, con una capacidad total de 2.750 MW, en dos ríos en la Patagonia, en el extremo sur del país. Se espera que cueste unos 
US$ 8.000 millones, incluyendo la construcción de una línea de transmisión de 1.900 km para llevar la electricidad generada a la región metropolitana de Santiago.

La parte de la represa del proyecto fue aprobada, pero el estudio de la línea de transmisión todavía está pendiente. Sin el visto bueno para la línea, no se puede comenzar la construcción. La decisión de la corte detiene temporalmente el proceso de aprobación.

Mientras tanto, la polémica por HidroAysén provocó una caída en los índices de aprobación del presidente al 36% en mayo (por debajo del 41% de abril), su nivel más bajo hasta ahora, según una encuesta de Adimark difundida el 2 de junio. El recrudecimiento del activismo puede atribuirse en parte al hecho de que Piñera es un político conservador y el primer presidente de derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, así como un hombre de negocios millonario. Con razón o no, la aprobación del proyecto recuerda a muchos chilenos el carácter autoritario de toma de decisiones en el gobierno Pinochet, así como sus lazos con el mundo empresarial.

La cuestión se ha convertido también en un catalizador para muchos chilenos (especialmente los jóvenes y orientados a la izquierda) que sienten un malestar general con el gobierno de Piñera. De hecho, la administración también ha sufrido manifestaciones contra otras políticas de Estado, como la reforma educacional. Tales controversias han servido como ladrillos para un activismo cívico que ha crecido en Chile en los últimos años.




Largo conflicto 


No está claro si el actual movimiento de protesta puede mantener su impulso y descarrilar el proyecto hidroeléctrico o sólo posponerlo más (la oposición logró retrasar su aprobación durante años). Su prioridad será ahora evitar la construcción de la línea de transmisión. Esta línea de 
US$ 3.800 millones enfrenta obstáculos políticos y judiciales considerablemente más duras que las mismas represas y plantas hidroeléctricas.

No se espera que HidroAysén presente formalmente la propuesta de la línea de transmisión hasta diciembre y la aprobación definitiva para esa parte del proyecto podría no llegar hasta 2013. Según funcionarios del gobierno, la primera represa no estaría operativa hasta 2019 y la última de los cinco hasta 2025. Esto significa que la controversia sobre la construcción del complejo bien podría arrastrarse durante años.

Mientras tanto, las opciones propuestas por los manifestantes, más eficiencia energética y el desarrollo de alternativas como la energía solar, eólica y geotérmica, probablemente no sean suficientes para satisfacer la creciente demanda de energía de Chile o disminuir sus altos costos de energía. Funcionarios gubernamentales y expertos del sector privado estiman que Chile tendrá que duplicar su capacidad de generación de electricidad en los próximos 10 a 15 años. Las fuentes alternativas no podrán llenar esta necesidad.

Como resultado, puede esperarse que Chile siga experimentando un aumento en los costos de energía e incertidumbre sobre su suministro eléctrico durante algún tiempo. El presidente Piñera y su ministro de Energía, Laurence Golborne, invitaron a expertos en energía y protección ambiental de todo el espectro político a participar en una comisión que proponga una política energética de largo plazo para el país. El objetivo es encontrar un equilibrio entre las normas de protección del medio ambiente, los costos de energía y niveles de subsidio asequibles para promover un aumento gradual en el uso de tecnologías de energías renovables no convencionales. Sin embargo, algunos invitados han rechazado participar en este foro. Esto indica una falta de confianza en el gobierno y su política de energía que podría ser muy difícil de superar.