Costos de una compra fallida

En la fallida compra de la casa del exPresidente Salvador Allende, lo menos costoso ha resultado ser el precio en que fue tasada la propiedad, en torno a $ 1.000 millones, que finalmente no serán desembolsados. La inobservancia de normas constitucionales, la falta de controles y el incumplimiento de responsabilidades que aún no se esclarecen completamente, desencadenaron un nuevo episodio de crisis para el Gobierno, con efectos no solo políticos, sino judiciales e, incluso, históricos.

La llamada “desprolijidad” en la compraventa de la casa del exPresidente Allende da cuenta de incompetencias e improvisaciones.

Tras cuatro meses de reservadas gestiones, el Gobierno anunció el pasado 31 de diciembre la compra del inmueble, con el fin de convertirlo en un museo. El proceso se inició en septiembre con las gestiones para adquirir la casa de Guardia Vieja, continuó con autorizaciones administrativas e, incluso, obtuvo la toma de razón de la Contraloría. Sin embargo, en todos estos filtros jurídicos ningún asesor experto advirtió que dos de los cuatro propietarios, la sobrina del exPresidente y ministra de Defensa, Maya Fernández, y la hija del exmandatario y senadora, Isabel Allende, están constitucionalmente inhabilitadas para participar en una compraventa de este tipo.
La Constitución no solo es explícita, sino que sumamente clara, lo que vuelve más sorprendente la omisión. El artículo 37 bis prohíbe a los ministros “celebrar o caucionar contratos con el Estado”, mientras que el artículo 60, aún más severo, sostiene que “cesará en el cargo el senador que celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
72 horas transcurrieron entre el anuncio de la compraventa y el desistimiento de La Moneda, tras múltiples críticas, de los más diversos sectores, a lo que se ha llamado “desprolijidad”, “bochorno” y “chambonada”, pero que en los hechos da cuenta de incompetencias e improvisaciones. Antes de iniciar la resciliación, la vocera (s) de Gobierno aseguró que el contrato no se había firmado, pese a que ello había ocurrido una semana antes; y la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, la única sindicada hasta ahora como responsable, no resuelve la suma de falta de controles, conocimiento técnico y diligencia de las diversas entidades públicas que intervinieron en el proceso. Tampoco está del todo claro el rol de la Contraloría, que cursó la toma de razón sin advertir las inhabilidades.
Preservar el legado de los exmandatarios es un fin loable. Sin embargo, la forma y el momento han resultado inoportunos y dan cuenta de un Gobierno que sigue asentado en la esfera de lo testimonial, más que en el sentido común político. En un escenario de estrechez fiscal, el gasto no debió ser una prioridad; pero, más allá de esto, no respondía ni conectaba con las actuales demandas de la ciudadanía.
“Resciliar el contrato significa que el acto se dejará sin efecto”, aseguró ayer la vocera (s), pero ello no detiene los daños colaterales, que están tomando forma en el anuncio de requerimientos al Tribunal Constitucional y comisiones investigadoras. El corolario, tal vez, lo dio la ministra del Interior días antes, cuando dijo “esto es algo que no debió haber sucedido”.