ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA: CUANDO LA CONFIANZA SUPERA AL MÉRITO

"El sistema se consolidará limitando la total discrecionalidad vigente para desvincular directivos, lo que sólo se alcanza reforzando técnica e institucionalmente el convenio de desempeño", plantean Eduardo Abarzúa, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Alberto Hurtado, y Manuel Inostroza, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la U. San Sebastián. Ambos consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.

La reforma legal para el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) de 2016 pretendió, a grandes rasgos, quitar algunos "incentivos" que facilitaban, por razones de confianza, egresos masivos de altos directivos públicos en los cambios de coalición de gobierno. Sin embargo, luego de un año del tercer cambio de coalición de gobierno, los resultados no son alentadores.
Los egresos no voluntarios o por no renovación (gráfico 1), que implican una acción deliberada de la autoridad respecto de la continuidad de un directivo de primer nivel, no cambiaron y más bien se han mantenido: en cada cambio de coalición, y luego de un año de ejercicio de gobierno, se desvincula en promedio a casi un 70% de los jefes de servicio. Peor aún, si se miran directivos cesados en el primer año de cada gobierno, la cifra va en aumento: 51 en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera, 57 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y 66 en el primer año de la actual administración.
Los cambios legislativos no lograron contrapesar la desconfianza respecto de los directivos que no han sido nombrados por la coalición entrante. Se pensaba que la eliminación de la figura de los cargos transitorios y provisionales (TyP), compensada con los 12 nombramientos anticipados, sería un efectivo freno a las desvinculaciones masivas, pero no hubo efecto alguno. Tampoco fue un instrumento eficaz dar al Consejo de Alta Dirección Pública la facultad de suspender la obligación de efectuar concursos en los últimos ocho meses de un gobierno: en el período entre el 11 de julio de 2017 y 11 de marzo de 2018, se presentaron 43 solicitudes de concurso de I y II nivel, respecto de las cuales el Consejo otorgó su acuerdo en 24 oportunidades (54% del total).
Respecto a los directivos de II nivel, en el primer año de gobierno del Presidente Piñera, los egresos para este grupo pasaron de 34% el año 2010, a 47,1% en 2018, una cifra algo inferior al 51,3% que sacó Bachelet durante el primer año de su mandato (gráfico 2). Sin embargo, en número de totales también se observa un aumento de directivos cesados en sus funciones, de 301 a 329. En este punto vale la pena detenerse en el aumento de egresos que se produce entre el primer y segundo gobierno de Sebastián Piñera, pues tal parece que la ausencia del TyP no limitó los egresos de directivos, más bien hizo convivir la salida y los concursos de directivos de I y II nivel.
En cuanto a la obligación de notificar al Consejo las desvinculaciones de directivos de II nivel jerárquico durante los primeros seis meses de gobierno, se informaron 144 desvinculaciones, de 45 servicios públicos, pero se trató de notificaciones posteriores a la decisión, que fundadas en la exclusiva confianza no requieren hacer referencia al desempeño, volviéndose un mero trámite y no una auténtica dificultad para las desvinculaciones.
Al analizar los datos, surge un dato interesante: el aumento del número de directivos que cumplen un período y luego son cesados en sus cargos, probablemente uno de los pocos efectos de la reforma que, ante la imposibilidad de nombramientos directos, hace más razonable esperar a completar períodos mientras se realizan los concursos del I nivel jerárquico u otros del mismo nivel considerados más críticos.

Soluciones
En los hechos, la idea es que el SADP es un instrumento que selecciona profesionales idóneos, pero políticamente cercanos a cada coalición política, por lo que, cuando se accede al poder, no hay interés en apreciar la calidad del desempeño de quienes ocupan cargos provistos por el SADP, sino más bien esclarecer la exclusiva confianza, que no es más que la simple cercanía política. Además, cuando la sobrepolitización hace que los argumentos y las campañas se construyan sobre la evaluación negativa de la gestión del adversario, sólo por razones de consistencia cuando se accede al gobierno, el despido de directivos es la única alternativa.
La pregunta que surge es qué queremos del Sistema de Alta Dirección Pública. Si el foco es dar mayor relevancia al desempeño, como contrapeso a la invocación de la exclusiva confianza como fundamento para decidir la continuidad o no de un directivo, la reforma de 2016 no logró su propósito principal y los datos son elocuentes.
Para avanzar, creemos que el sistema se consolidará limitando la total discrecionalidad vigente para desvincular directivos, lo que sólo se alcanza reforzando técnica e institucionalmente el convenio de desempeño. Allí sólo queda establecer un contrapeso real en una institución como el Servicio Civil, que analice y valide dicho instrumento y sus resultados, junto con ser el referente para fundar la movilidad de directivos, superando la idea del desempeño sólo como herramienta binaria para sustentar despidos. Por ahora el sistema atrae muy buenos postulantes y las nóminas son de alta calidad.
En el I nivel jerárquico, más que seguir entregando cargos a la discrecionalidad del nombramiento, las medidas que se requieren deben ir en la dirección contraria. Existen demasiados servicios cuyos resultados son estables y no cambiarán según la coalición política, como el Servicio de Registro Civil. Es el momento de identificar y diferenciar instituciones, según criterios como el señalado, para ponderar los desempeños en vez de las afinidades políticas a la hora de decidir la continuidad de sus directivos. Para el II nivel jerárquico, las desvinculaciones deben fundarse exclusivamente en la evaluación de los convenios de desempeño.
No podemos esperar hasta un nuevo cambio de coalición para hacer estas correcciones. La Alta Dirección Pública es mucho más que un proceso concursal.

DESTACO
"Es el momento de identificar y diferenciar instituciones (...) para ponderar los desempeños en vez de las afinidades políticas a la hora de decidir la continuidad de sus directivos"