Taforó y la crisis de la Iglesia Católica

Después de 1810 Chile siguió siendo un Estado Católico. Adicionalmente, las constituciones consagraron la vigencia del derecho de patronato, que aseguraba la presencia del Estado en diversos aspectos de naturaleza eclesiástica, como por ejemplo el recurso de fuerza (famoso es el caso denominado “cuestión del sacristán”), conceder el pase a bulas y decretos conciliares, además de la presentación de personas para los arzobispados y obispados.

Fue esta última atribución la que provocó uno de los mayores enfrentamientos que hubo en el siglo XIX entre las autoridades políticas del país y la Iglesia Católica, cuando el gobierno de Aníbal Pinto propuso a Francisco de Paula Taforó (1817-1889) para Arzobispo de Santiago, tras el deceso de Monseñor Rafael Valentín Valdivieso en 1878. Las normas pontificias de Pío IX eran claras: no podía asumir el cargo eclesiástico una persona designada sólo por el gobierno, sino que debían esperar las correspondientes aceptaciones de la autoridad de la Iglesia.

En este caso se sumaban dos problemas: por un lado la cuestión de los poderes, por otra parte la figura controvertida de Taforó, el hombre escogido. El conflicto que provocó esa designación se extendió por varios años, y las figuras de la Iglesia Católica presentaron sus objeciones al modo utilizado por el Ejecutivo y sobre la persona de Taforó. Las discusiones no involucraron solo a prelados chilenos, sino que incluyeron a miembros de la Santa Sede y la diplomacia vaticana. Así lo resumió Alberto Blest Gana, representante chileno en el Roma, cuando le escribió al presidente Pinto: “El Papa rechaza categórica y definitivamente la propuesta hecha por el Gobierno en favor del señor Taforó para el Arzobispado de Santiago”.

Uno de los principales detractores de Taforó fue Joaquín Larraín Gandarillas, según ilustra un interesante estudio de Zvonimir Martinic. El Arzobispo de Anazarba señaló que Taforó carecía de prendas intelectuales relevantes, así como de las virtudes morales para ejercer el cargo, además de tener ambiciones excesivas. Incluso había otras pruebas en su contra: “1º. La recomendación del señor Taforó para el Arzobispado de Santiago, al decir de todos los que están bien informados, se debe exclusivamente a los enemigos de la Iglesia y tiene por objeto principal su daño; 2º. Ha sido aplaudido por los incrédulos y masones con entusiasmo de palabra y por la prensa”. No se puede desconocer otro aspecto relevante, como era que Taforó había nacido como hijo ilegítimo, un problema en el siglo XIX chileno.

Como explica Ricardo Krebs, el tema excedía la simple designación de una persona: hacia 1878 “las bases sobre las que había descansado el regalismo se habían roto”. El asunto no era fijar las atribuciones recíprocas entre el poder espiritual y el temporal, sino que “salvaguardar la independencia de la Iglesia frente a un Estado que ya no se sentía comprometido con la tradición católica”.

Taforó decidió pedir el retiro de su nombre para el importante cargo eclesiástico y, finalmente, murió en 1889, reiterando su calidad de católico.