Oposición exigte a gobierno de Piñera cumplir compromiso sobre constitucionalidad del agua

Gustavo Orellana V.

Nada bien cayeron en la Concertación las declaraciones del titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl, quien anunció el rechazo del gobierno a la reforma constitucional -que fue propuesta por la anterior administración- para elevar a la máxima categoría legal el carácter de bien de uso público del agua.

El Ejecutivo, que no puede retirar el texto de tramitación, cree que establecer en la Constitución la preeminencia del Estado sobre el manejo del agua, sólo introduce ambigüedad y asimetrías respecto de la administración del recurso, a lo que se suma el hecho de que el carácter de bien de uso público ya está en la ley, específicamente en el Código de Aguas.

A cambio, el gobierno de Piñera propone otros cambios y reformas al código específico, los que no dejaron satisfechos a los expertos en el tema de la Concertación.

Para el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Michelle Bachelet, Sergio Bitar, el rechazo no tiene mayor sostén técnico.
“De un gobierno que quiere modernizar el país habría esperado otra decisión. El propio Presidente Piñera, cuando era candidato, dijo que apoyaba la consagración del agua como un bien de uso público en la Constitución”, explicó Bitar.

“Me parece decepcionante y aquí hay una diferencia grande que la oposición debe levantar”, agregó.

Para el ex director de la DGA, Rodrigo Weisner, la idea de la reforma es dotar al Estado de nuevas facultades para resolver conflictos reales sobre el uso del recurso hídrico. Una de ellas, dijo el ex DGA, es corregir el hecho de que el Estado no pueda caducar los derechos de agua que están siendo mal utilizados o no siendo aprovechados, ya que según la norma vigente, rige el principio de derecho de propiedad.

Más duro fue el senador PPD e impulsor del primer proyecto de ley al respecto, Guido Girardi, quien anticipó que la Concertación se la jugará por aprobar la reforma constitucional ya que, según su interpretación de la ley, el Código de Aguas no establece que el recurso sea, efectivamente, un bien de uso público.

“Lo que existe hoy es que hay algunos titulares que tienen propiedad privada sobre el agua. Queremos que, como en todo el mundo, el agua se concesione y no se entregue, que pueda venderse, transarse, pero también ser susceptible de ser regulado por el Estado e incluso ser caducado”, manifestó el senador.

Agrega que el actual esquema separa el agua de la tierra. “Por ejemplo un minero puede comprar un derecho a un agricultor. Eso es una distorsión”.