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Opinión

La sequía y sus alcances

La prolongada sequía en la zona norte y central ha vuelto a poner al agua...

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 16 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.

La prolongada sequía en la zona norte y central ha vuelto a poner al agua en el centro de la discusión pública, acaparando titulares y portadas.



Nuestra prioridad como gobierno frente a esta situación ha sido, y seguirá siendo, asegurar el suministro de agua potable para la población. Esto lo hemos logrado mediante una serie de acciones, muchas de ellas silenciosas y tomadas con la debida anticipación: declaraciones de escasez hídrica, intervenciones en ríos, inversiones en pozos por parte del MOP, coordinación con las empresas sanitarias, mayor fiscalización, campañas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Gracias a estas medidas, este año contaremos con abastecimiento para grandes centros urbanos como Santiago y Valparaíso, y logramos minimizar los riesgos en zonas rurales y otros centros urbanos en situaciones vulnerables.

Paralelamente, el Ministerio de Agricultura está utilizando todas las herramientas para acudir en ayuda de los agricultores más afectados. No sólo se ha declarado emergencia agrícola en decenas de comunas del país, sino que también se han activado todos los instrumentos de emergencia disponibles para llegar con ayuda rápida y focalizada.

La sequía que hoy enfrentamos es una situación puntual y nuestra tarea inmediata es mitigar sus consecuencias hasta que la meteorología se incline a nuestro favor. Pero sabemos que en el largo plazo la disponibilidad de agua será cada vez más restringida. Por tanto, nuestra mirada debe enfocarse en cómo enfrentar un escenario de sequía más frecuente. Por ello estamos empeñados en definir una política pública integral para reforzar y complementar el modelo actual. Los desafíos futuros son enormes, y debemos abordarlos en distintos frentes.

El primer paso es asegurar el cumplimiento de la normativa actual. Nuestro gobierno ha puesto un gran énfasis en aumentar recursos y fiscalizadores, lo que se ha traducido en un significativo aumento de acciones administrativas y judiciales. Esto es de primera importancia, porque nada sacamos con tener un sistema bien diseñado si éste no se respeta.

El segundo frente es el regulatorio. El gobierno está trabajando en leyes y reglamentos que fortalezcan la institucionalidad, en especial a la Dirección General de Aguas, dependiente del MOP. El objetivo es aumentar sus atribuciones fiscalizadoras, así como aumentar las multas asociadas a robo de agua. También necesitamos considerar criterios como la sustentabilidad para otorgar derechos, para evitar situaciones como la de Copiapó, donde el sobreotorgamiento se ha traducido en un problema de suministro, limitación a actividades productivas e incluso impacto ecológico.

Un último eje, y tal vez el más importante, es fomentar nuevas fuentes de agua. Al respecto, el gobierno ya anunció la construcción de tres nuevos embalses durante su período, además de una serie de proyectos en etapa de estudio y diseño que apuntan en el mismo sentido. A esto se suma el desafío de fomentar la desalinización y la infiltración artificial de napas subterráneas, experiencias que han probado ser exitosas en otras latitudes. En el caso de las plantas desaladoras la tecnología existe, pero implica mayores costos y una gran demanda de energía, además de consideraciones de carácter medioambiental. En el caso de la infiltración artificial, el MOP ya tiene un plan piloto y está trabajando en mejoras reglamentarias para asegurar la viabilidad medioambiental de estos procesos, y regular de manera correcta la propiedad y funcionamiento de estos verdaderos embalses subterráneos.

La sequía de hoy es sólo la punta del iceberg. Necesitamos soluciones de largo plazo para enfrentar una creciente demanda por un agua cada vez más escasa. Y en esto está empeñado el gobierno: actuando decididamente para enfrentar la sequía actual, pero trabajando con una visión de futuro para asegurar que contaremos con el abastecimiento para la población y la agricultura, minería y energía, en un marco de respeto por el medioambiente, para una etapa superior de desarrollo.

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