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Alto contrasteOtro pasivo contingente para el Estado: la real deuda histórica
Claudio Bonilla Profesor Titular de la FEN, Universidad de Chile
educacion
La deuda histórica se remonta a principios de los años 80, cuando se produce el traspaso de la educación pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades. En dicho traspaso se creó una retribución adicional no imponible para compensar el deterioro laboral de los profesores, pero que, en la práctica, no fue pagada por muchas municipalidades, dando origen a la deuda histórica de los profesores.
Según información del Mineduc, al día de hoy existen 57.000 personas (vivas) en dicha situación. Para darle una solución definitiva este tema, a fines de enero se promulgó la ley que pone fin a la deuda histórica. Dicha ley estipula pagar $4.500.000 a cada profesor (en dos cuotas y heredable) a través un calendario de pagos que se extiende por 6 años.
“Ya existe al menos un grupo de 10.000 profesores (...) que no estaría de acuerdo con el monto ni con los plazos, quienes actualmente siguen (y otros probamente seguirán) en otras instancias demandas contra el Estado”.
Dicha ley era muy esperada pues, por un lado, reconoce la importancia de resolver un problema pendiente con el profesorado, y por otro, avanza en un aspecto de justicia mínima ignorado por las administraciones anteriores de todos los signos. El problema sin embrago, es que ya existe al menos un grupo de 10.000 profesores - según información oficial – que no estaría de acuerdo con el monto ni con los plazos, quienes actualmente siguen (y otros probamente seguirán) en otras instancias demandas contra el Estado.
¿De qué orden debieran ser los montos de indemnización entonces?
Veamos los números de la porfiada realidad. A mediados de los años 90, un grupo de 848 profesores de algunas comunas como Chañaral y otras, demandaron al Estado de Chile por la deuda histórica y ganaron la batalla judicial en todas las instancias posibles, incluida la Corte Suprema, pero a pesar de aquello, el Estado de Chile se resistió a pagar. Los profesores siguieron adelante y demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nuevamente ganaron el juicio y finalmente el Estado procedió a pagarles su deuda histórica durante el año 2022.
El monto total recibido por los 848 profesores fue de más de $ 95.600 millones (aproximadamente US$ 100 millones). Es decir, en promedio cada profesor recibió un monto bruto de $112 millones, algo que dista muchísimo de los $4,5 millones propuestos en el proyecto de ley, y que por lo demás, es conocido por los 10.000 profesores que no aceptan la propuesta actual. Mi conocimiento de estos montos proviene del hecho de que me tocó ser el economista que calculó los perjuicios sufridos por los profesores en dicho juicio internacional.
Si solo los 10.000 profesores que no aceptan la propuesta del Gobierno siguen el camino de los profesores de Chañaral, el monto estimado a pagar por parte del Estado de Chile a dichos profesores sería de más de US$ 1.180 millones. Sin embrago, según estimaciones alternativas, el universo de profesores en dicha situación supera por mucho los 57.000 vivos que tiene el registro del Mineduc, llegando incluso a más de 100.000 profesores.
Dado lo anterior, nuestro país tiene un pasivo contingente considerable (y difícil de calcular) que creo vale la pena tener presente. Sin embargo, esta contingencia es tan incómoda que cualquiera que administre el Estado prefiere hacer como que no existe, hasta que exista obviamente pero ojalá le toque a otro.
