Tras semanas de especulaciones, este lunes el ministro de Hacienda esbozó el alcance que tendrá la ventana de perfeccionamientos legales a la reforma tributaria aprobada hace cerca de un año. En lo sustantivo, el gobierno buscará con el proyecto que enviará antes de iniciar la tramitación de la Ley de Presupuestos 2016, acotar al máximo el sistema de renta atribuida y modificar algunas normas relativas a la tributación de los bienes raíces, el leasing y ciertas disposiciones antielusión.
Sin conocer aún los alcances de lo que se propondrá, las reacciones desde el sector empresarial y a nivel de expertos no se hicieron esperar. En líneas gruesas se valoró la voluntad de desenredar lo que desde antes de su promulgación se calificó como un desaguisado legislativo. Pero también, junto con valorar la decisión, los expertos esbozaron sus primeras aprensiones técnicas, señalando que hasta donde se conoce los cambios que se pretende sacar adelante sólo atacan una fracción de los problemas y, de paso, podrían originar nuevos focos de fricción. Dentro de estos, los aspectos más polémicos que se vislumbran tienen que ver con el hecho de que los ajustes en la práctica supondrían un alza de impuestos y, de otro lado, una asimetría en tasas impositivas entre contribuyentes de similares ingresos.
Como es sabido, la realización de cambios legales en materia tributaria es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y como este tema es un insumo central en el proceso de toma de decisiones, resulta ineludible que esta vez los ajustes se hagan en forma dialogada y que ellos den cuenta del mayor número de focos de incertidumbre, ya que sería impensable abrir a a poco andar una tercera ventana de reformas.