Uso de celulares en contexto escolar

Esta semana, y con amplio consenso, el Panel de Expertos de Políticas Públicas UC sostuvo que “el uso de celulares debiese estar prohibido en los establecimientos escolares”. De hecho, ninguno de sus integrantes –representantes de diversas especialidades y sensibilidades políticas- estuvo de acuerdo con que permitirlos, mientras que un categórico 88% dijo estar a favor o muy a favor de desterrarlos de las salas de clases.

Lo anterior va en línea con el proyecto de ley que por estos días se discute en el Congreso y que busca prohibir desde el nivel parvulario hasta 6° básico el uso de “medios tecnológicos de telefonía móvil”, permitiéndolos solo de manera excepcional en actividades escolares en que sean “estrictamente requeridos”. Aunque la iniciativa no los prohíbe explícitamente entre 7° y 4° medio, sí mandata a que los colegios establezcan en sus reglamentos un uso adecuado.

Hasta ahora, la evidencia refleja que los costos de la inclusión de celulares en el proceso educativo supera a los beneficios.

La propuesta de cambio normativo reconoce cómo el sistema educacional ha debido adaptarse a la rápida evolución de la tecnología. Si bien el uso de herramientas digitales puede facilitar los procesos de aprendizaje y la adquisición de habilidades cada vez más necesarias, la evidencia refleja que las pantallas y redes sociales están provocando graves efectos en la salud física y mental de los escolares, lo que apunta a que los costos de su inclusión en el proceso educativo superan los beneficios.

Estas consecuencias derivan, en gran parte de cómo el uso sin restricciones de pantallas ha minimizado actividades clave para el desarrollo infanto-juvenil, como el ejercicio físico, la interacción social, el juego, y el tiempo al aire libre. A ello se suman los efectos que la exposición prolongada ha provocado en el incremento de casos de miopía, lo que, a su vez -y de acuerdo con expertos en oftalmología pediátrica-, ha elevado el riesgo de desarrollo futuro de graves patologías de visión. La evidencia señala, además, que los dispositivos obstaculizarían el normal desarrollo cognitivo, al provocar distracción, ansiedad, hiperactividad y barreras para el florecimiento de habilidades blandas, claves para una formación integral.

En este escenario, el proyecto de ley en discusión, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados y pronto a comenzar su segundo trámite en el Senado, va en el sentido correcto. El gran desafío debe estar en su adecuada implementación y en un posterior monitoreo que procure el cumplimiento de su objetivo de avanzar hacia un equilibrio entre aprendizaje y generación de habilidades, minimizando en la mayor medida posible los riesgos para la salud física y mental de adolescentes y niños.