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Alto contrasteHoy se encuentra en primer trámite constitucional un proyecto de ley que busca ampliar considerablemente el número de viviendas decretadas como inembargables. En concreto, el proyecto amplía la inembargabilidad a las viviendas habitadas por su dueño cuyo avalúo fiscal no exceda las 400 UF -es decir unos $ 10 millones-, más de 4 veces el límite actual de 50 UTM, independiente si estos inmuebles fueron financiados con subsidios del Estado o no. Con esto, más del 54,1% de los bienes raíces habitacionales serían considerados inembargables, versus el 5,5% actual, de acuerdo a las actuales tasaciones fiscales. Si bien la iniciativa se inspira en la idea de entregar una “protección especial” a las viviendas donde habitan familias de menores ingresos, puede resultar siendo sumamente nociva.
Primero, por lo general la vivienda es el principal activo de las familias menores recursos, superando con creces a automóviles o activos financieros, que podrían eventualmente ser considerados como garantía para acceder a un crédito. De acuerdo con la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central, un 62,2% de los hogares del 50% de menores ingresos mantienen activos inmobiliarios, 16,5% vehículos y solo un 3,6% activos financieros. Así las instituciones financieras probablemente no otorgarán créditos –o se verán forzados a cobrar mayores tasas- a estas familias y sus emprendimientos. Adicionalmente, al declarar a todas estas viviendas inembargables –tengan o no crédito-, el patrimonio familiar inmediatamente pierde valor, ya que se limitan los atributos de la propiedad al no poder ser garantía.
Este proyecto, sin quererlo, genera así un derecho de propiedad de “segunda clase” para las familias de menores ingresos, toda vez que cercena la facultad de disponer de un bien propio.
