Reforma previsional

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las fuerzas mayoritarias de centroderecha para impulsar la reforma al sistema de pensiones constituye un hito en la política chilena. La capacidad de ambas partes para ceder y construir consensos, en un contexto polarizado y a solo 10 meses de la elección presidencial, refleja una acertada mirada de largo plazo de los actores que participaron en las negociaciones. Sin embargo, aunque significativo, el acuerdo no es el final del camino. Restan por despejarse temas complejos, como la sostenibilidad fiscal de la reforma, su impacto en el mercado laboral y, en lo inmediato, el compromiso del Gobierno respecto de que no impulsará una AFP estatal, que distorsionaría el equilibrio del mercado.
El pacto alcanzado marca un giro significativo respecto al proyecto original del Ejecutivo, que planteaba una transformación radical del sistema de pensiones y que abogaba por el fin de las administradoras. En su lugar, el acuerdo está más cerca de las reformas promovidas por la derecha. En lo sustancial, se establece una cotización de cargo de los empleadores que alcanzará un 8,5% del sueldo imponible, donde 7% corresponde a aporte adicional. Del total, 4,5 puntos se destinarán a las cuentas individuales, administradas por las AFP; 1,5 punto financiará un préstamo reembolsable, nominativo y heredable, que se acumulará por 20 años; y 2,5 puntos compensarán las diferencias de expectativas de vida entre hombres y mujeres y el financiamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Se trata de un enfoque que preserva la esencia del modelo instaurado en los años ‘80, validando la capitalización individual como pilar del sistema. Y por el lado de la reorganización de la industria, se establece una licitación del 10% del stock de afiliados cada dos años.
Las propuestas consensuadas pueden ser el camino para comenzar a aliviar distorsiones generadas por los retiros masivos de ahorros previsionales, que significaron una merma de 14 puntos del PIB en los ahorros invertidos en la economía. Sin embargo, los cambios propuestos no están exentos de riesgos. La reforma es compleja, pues aborda múltiples aspectos simultáneamente, incluyendo cambios estructurales, mayor competencia y modificaciones en el seguro social, que hacen crucial que el debate se base en datos sólidos y cuente con la participación activa de expertos, evitando ajustes apresurados que podrían convertir la reforma en un “queso suizo”, como alguna vez advirtió el ministro Marcel, tras el rechazo de varios artículos en la Cámara. Dicha Corporación y el eventual tercer trámite legislativo serán escenarios clave para asegurar la coherencia y viabilidad del proyecto.
A ello se suman señales contradictorias del Gobierno que generan incertidumbre. La minuta del Ejecutivo que sugiere que la reforma abriría la puerta para el fin de las AFP pone en duda la claridad de los objetivos oficiales.
Y tampoco se puede ignorar el contexto en que se lleva a cabo esta discusión. La economía chilena está estancada, las finanzas públicas enfrentan presiones significativas, y el impacto laboral de una nueva cotización adicional del 7% podría agravar la informalidad y los costos de contratación. En un país que no crece, cualquier reforma estructural enfrenta un camino cuesta arriba. La prioridad debe ser recuperar el dinamismo económico y hacer más eficiente el gasto público, para que las reformas no solo sean viables, sino también sostenibles y equitativas.