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Alto contrasteHan avanzado, en forma muy descoordinada, varias iniciativas para establecer un ordenamiento territorial en el país. El proyecto de ley para fortalecer la regionalización establece la creación de planes regionales de ordenamiento territorial mediante los cuales se entrega a las regiones la facultad de planificar el uso del territorio en forma restrictiva y vinculante. Por su parte, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas establece categorías de áreas protegidas en las cuales las actividades productivas están fuertemente restringidas o prohibidas, excluyendo importantes porciones del territorio nacional del desarrollo.
La Agenda de Energía también propone lograr un Ordenamiento Territorial Energético Regional, a lo que se suma el proyecto de ley para la administración del borde costero que busca definir las actividades posibles de desarrollarse en estas áreas.
La inconveniente superposición de iniciativas se suma a un evidente riesgo de terminar zonificando el país completo, lo que se acerca peligrosamente al dirigismo total desde el Estado. Particularmente preocupante es que se impongan restricciones a la realización de la actividad productiva, pudiendo ser socialmente deseable que éstas se desarrollen.
Las actividades suelen emplazarse donde es económicamente factible hacerlo, pero deben acogerse a lo establecido en las normas que regulan el impacto ambiental de los mismos (proceso perfectible, por cierto). Lo razonable es promover la evaluación de costo-eficiencia para determinar la conveniencia o no de desarrollar actividades y no establecer prohibiciones a priori que atenten contra el progreso.
