El Servicio de Impuestos Internos (SII) resolvió finalmente rechazar que las Isapres rebajen para efectos tributarios los crecientes gastos en que están debiendo incurrir por concepto de costas judiciales frente a la verdadera avalancha de juicios de afiliados en contra de los reajustes de precio de sus planes. De acuerdo con la repartición estatal, dichos desembolsos no caben dentro del concepto de “gastos necesarios para producir sus rentas, al no estar relacionados con su giro ni estar destinados a generar ingresos”.
La resolución, respecto de la cual desde el sector ya se había emitido señales de alarma, impactará de manera importante a una industria que ya se encuentra estresada en su operación por la virtual máquina de judicialización montada por abogados en torno a los reajustes de planes. Si se suma a ello el ambiente de incertidumbre legal y normativa que tiene a estas empresas operando en un ambiente de ausencia total de señales de parte de la autoridad respecto de su futuro y la abusiva situación que supone la emisión masiva de licencias médicas fraudulentas, se genera un cuadro de hecho de la mayor preocupación para este sistema de seguros que abarca a varios millones de chilenos, para los cuales el sistema público evidentemente no es una opción satisfactoria.
La ambigüedad de parte de las autoridades y la demora de definiciones que permitan contener estas presiones están llevando en los hechos al sector a una situación límite, cuyas eventuales consecuencias el Estado no es capaz de abordar, menos en momentos en que enfrenta una evidente falta de recursos y una ola incontrolada de demandas para las cuales no da abasto.