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Alto contrasteHace algunos días ingresó al Congreso el proyecto de ley que modifica la ley de servicios de gas. La propuesta mantiene la libertad tarifaria para las empresas concesionarias de distribución de gas de red, sujeta a una tasa máxima de rentabilidad económica (salvo para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena). Sin embargo, reduce en 2% el límite máximo de rentabilidad, aumenta de 1 a 3 años el horizonte de tiempo para el chequeo de la rentabilidad anual, establece un mecanismo de compensación a los consumidores en caso que se exceda la rentabilidad máxima y extiende las atribuciones del panel de expertos eléctricos al mercado del gas, entre otros cambios.
Una modificación importante es que el proyecto de ley no solo define la metodología de fijación tarifaria, sino que establece la aplicación de este régimen por el solo ministerio de la ley cuando una empresa exceda rentabilidad máxima permitida. En la ley actual, este cambio regulatorio debe ser previamente consultado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a quien compete esclarecer si las condiciones de competencia así lo amerita. Se aumenta además sustancialmente el universo de clientes que quedarían sujetos a tarifas reguladas.
El proyecto revela que la autoridad morigeró en parte su ímpetu regulador al reconocer que el mercado no cumple con las condiciones de monopolio natural que harían necesaria una regulación ex ante, como la de fijación de tarifas. Sin embargo, una serie de aspectos del proyecto deberán ser discutidas en el transcurso de la tramitación legislativa para procurar un marco regulatorio consistente con el necesario desarrollo del sector.
