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Alto contrasteLa Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y diversos agentes económicos han hecho un urgente llamado a postergar el previsto debate de una reforma constitucional, para ayudar a despejar incertidumbres en momentos de un cada vez más profundo freno en la actividad económica y de un preocupante deterioro del entorno externo, incluyendo el fuerte descenso en el precio del cobre.
Fue a fines de abril cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció al país que en septiembre se dará inicio a un "proceso constituyente", abierto a la ciudanía, para una nueva Carta Fundamental. Sus palabras causaron la inmediata preocupación en sectores empresariales, que advirtieron que en medio de un desplome de la inversión y un ambiente de negocios afectado en parte por la ola de reformas en que se ha embarcado el gobierno, introducir el tema constitucional abría otro frente de incertidumbre que pondría un candado adicional a la materialización de proyectos.
Han pasado más de dos meses y, en efecto, es claro que el clima económico ha empeorado y el gobierno no ha conseguido liderar un proceso efectivo que permita restablecer las confianzas y reinyectar ánimo a los inversionistas. El consenso entre las distintas ramas productivas que integran la CPC en cuanto a que este es el instante para que el debate constitucional se postergue debe llamar a la acción inmediata a las autoridades, por cuanto cada día que pasa sin tomar medidas concretas para eliminar incertidumbres tiene repercusiones económicas -como ha quedado en evidencia-, que además por cierto amenazan con proyectarse al próximo año si no hay un certero giro en el timón.
