Ley corta para una crisis larga

Reemplazar una crisis por otra. Ese parece ser que será el resultado en el mediano plazo de la Ley Corta de Isapres que el Gobierno logró aprobar en el Congreso y que en lo inmediato evitó la quiebra de varias de las aseguradoras privadas de salud, pero que está acelerando la migración de cotizantes desde el sistema privado a Fonasa, debido al alza de los planes o al aumento del trabajo informal que ha marcado tendencia en la economía nacional en este período.

Atiborrar el ya saturado sistema público de salud muy probablemente abrirá una nueva crisis estructural en el sistema de salud y sin señales nítidas de que haya solvencia en las autoridades para controlar las falencias del sistema. Haber impedido la desaparición inminente de una o dos isapres puede parecer una victoria política en primera instancia, pero podría ser un triunfo pírrico si se mira el escenario completo de la salud a la que acceden los chilenos.

La migración de cotizantes de isapres a Fonasa se agudizará con el alza de planes y el aumento del trabajo informal.

El sector privado, más allá de sus deficiencias, sí ha significado un avance en materia de salubridad pública y elevación de estándares de calidad para cerca del 20% de la población. Solo en 2022, según datos de las isapres y la Superintendencia de Salud, las aseguradoras habían posibilitado más de 24 millones de consultas médicas y más de 1 millón de hospitalizaciones, pero en lo que va del año, registraron pérdidas récord por un total de $ 81.300 millones.

Entre 2010 y 2020, el sector de salud privado en Chile (incluidas las isapres) movilizó inversiones por sobre los US$ 6.000 millones en infraestructura, empleo y modernización tecnológica, mientras que a mitad de este año sus cotizantes cayeron a poco más de 2 millones 600 mil personas.

El actual período es de ajuste, en donde cada compañía debe adecuar sus planes de acuerdo con lo que determinaron tanto la ley corta como el fallo de la Corte Suprema, en lo referido al ajuste del 7% de cotización legal y a la actualización de la tabla de factores única (TFU), en el caso de los contratos pactados después de su entrada en vigor, en abril de 2020.

Lo decepcionante de este cuadro general es ver cómo una industria que fue emblema del país por haber aportado modernización, seguridad sanitaria y vanguardia en materia de calidad de atención a clientes, se enfrenta hoy a una incerteza para mantener inversiones, activos y empleos como no se había visto en el escenario de negocios del país. Lo que queda es apelar a que el sistema político sea capaz de construir acuerdos transversales y duraderos que aporten algo de estabilidad a una economía que hoy requiere señales claras de apoyo, no de trabas.