VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteLa seguridad como prioridad nacional
A fines de la semana pasada se oficializó la designación del ahora exsubsecretario del Interior, Luis Cordero, como primer ministro de Seguridad del país, tras una cadena nacional en la que el Presidente Gabriel Boric detalló cuáles serán los principales desafíos y prioridades de la nueva cartera.
Diversas encuestas y estudios especializados, reflejan como este tema es una de las mayores preocupaciones de los chilenos. En 2022 la tasa de homicidios aumentó 42% respecto del año anterior. En 2023 se reportaron 633 víctimas, un número significativo para el país, mientras que las estadísticas de robos y asaltos violentos crecieron 54%. Ese mismo año, la encuesta Enusc reflejó que más del 87% de las personas percibe un incremento en la delincuencia a nivel nacional.
Con todo, el nuevo ministro de Seguridad señaló, en una de sus primeras entrevistas en el cargo, que el país ya cuenta con suficientes leyes aprobadas y una actualización del marco normativo, y que lo que ahora resta es “hacer gestión” en seguridad. Sin embargo, también afirmó que le parecía “peligroso y en algún sentido desleal con las personas utilizar el temor como estrategia política”, más cuando se acercan las elecciones presidenciales. Y, efectivamente, el uso instrumental del miedo es deplorable; el error está en pretender minimizar el necesario debate público sobre la criminalidad -más en el contexto de una futura elección presidencial-, en lugar de abordarlo como una discusión legítima sobre políticas públicas para enfrentarlo.
Al igual que con el crecimiento económico, la seguridad no era parte de la agenda programática del Frente Amplio, materia que es incluso uno de los puntos de distancia entre La Moneda y la exministra del Interior y hoy candidata presidencial, Carolina Tohá. Solo le tomó el peso a este fenómeno, cuando la criminalidad se desbordó a través de bandas urbanas controladas por el crimen organizado, el aumento de secuestros y homicidios -incluyendo el impactante caso del disidente venezolano Ronald Ojeda- y los alevosos asesinatos de carabineros.
Organismos como el BID han establecido que los costos directos del crimen y la violencia en América Latina representan cerca del 3,44% del PIB de la región, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que las ganancias anuales del crimen organizado equivalen al 3,6% del Producto mundial. Ante este escenario, debatir sobre el efecto del crimen organizado no es una actitud desleal, sino todo lo contrario.
La ciudadanía tiene derecho a entender y conocer las diferencias entre proyectos políticos que sí tienen miradas divergentes sobre cómo abordar este flagelo. Eso no puede ser visto como peligroso. Por el contrario, lo que representa un riesgo es que existan coaliciones que no quieran o no sean capaces de reconocer que la delincuencia, sumada a una respuesta estatal débil o vacilante, constituyen una amenaza directa a la estabilidad democrática, la cohesión social y las condiciones para el desarrollo económico. Este debate es necesario y urgente.
