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Alto contrasteLos recientes acontecimientos que culminaron con el cierre indefinido de las instalaciones de Agrosuper en la zona del Huasco y los anuncios que han hecho grupos de la misma zona, en orden a oponerse y judicializar el millonario proyecto energético de Punta Alcalde que proyecta levantar Endesa en esa provincia, han inaugurado un debate que abarca no sólo la forma en que ha operado hasta ahora la institucionalidad ambiental, sino que promete poner presión a los tribunales ambientales que según programa iniciarán su funcionamiento este 28 de diciembre.
Es justamente este pronóstico el que invita a poner atención en la demora que ha habido en el proceso de selección y nombramiento de los jueces que integrarán dicha instancia, búsqueda que, según se ha señalado desde el entorno gubernamental, ha resultado más compleja de lo previsto, entre otras cosas porque en la nominación intervienen los tres poderes del Estado.
A dos semanas de la entrada en operaciones del primero de los tres tribunales ambientales que contempla la Ley 20.600 resulta preocupante esta falta de definición, como lo es también que el titular de la Superintendencia de Medio Ambiente tenga el carácter de interino. Como es más que evidente a la luz de los últimos acontecimientos, las miradas de los inversionistas, de las comunidades y de los agentes económicos y políticos están dirigidas con mucha expectación en la forma en que se zanjan los permisos ambientales, cuestión que debiera llevar a cuidar todos los aspectos involucrados en la puesta en marcha de este sistema, de modo de asegurar los mayores niveles de confianza en la nueva institucionalidad.
