En las últimas semanas han ido en aumento las voces que abogan porque la agenda de reformas pendientes de la actual administración sea abordada en forma más gradual y dialogante. Lo que originalmente era una demanda de algunos gemios, movimientos sociales y del sector privado hoy está comenzando a tener un creciente eco en representantes de los partidos de la coalición gobernante, muy especialmente en la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.
En cierta forma, lo que ha ocurrido es que con el correr del tiempo la evidencia ha terminado por dar la razón a quienes advertían que el golpe a las expectativas de una agenda de cambios tan extensa y profunda terminaría por mellar el desempeño de la actividad, dando forma a lo que más tarde, en su último IPoM, el Banco Central rotuló como un shock autónomo.
Hoy, desde un creciente número de sectores, y muy relevantemente desde el propio mundo de la Nueva Mayoría, el llamado es a hacer un esfuerzo para contener expectativas a nivel social y priorizar objetivos, a la vista del nuevo cuadro más estrecho en que se está desenvolviendo el país.
Expertos de amplios sectores concuerdan que tasas de expansión de dos dígitos del gasto público, como la prevista para este año, no son sostenibles a mediano plazo, menos a la luz de lo que fueron los compromisos asumidos en materia de cuentas fiscales para el año 2018.
De esta forma, la dinámica que parece estar tomando forma es una que releva la urgencia de privilegiar el crecimiento en la lista de prioridades, tarea que debe ser asumida por el titular de Hacienda y con el apoyo transversal de todos los sectores.