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Alto contrasteLa pobreza en el país se ha reducido en las últimas décadas de manera significativa. Independiente de los detalles metodológicos de cada medición, la cifra ha caído desde prácticamente un 40% de la población en 1990 a significativamente menos del 10%, de acuerdo con las últimas cifras disponibles (Casen 2013).
Sin embargo, nuestro país aún cuenta con cerca de dos millones y medio de personas en condición de pobreza y aproximadamente 800 mil personas en situación de pobreza extrema. Con esto en mente es que no se debe extinguir uno de los principios guías que han permitido este avance: una rigurosa focalización del gasto social.
Así, sorprendió –aunque a la sombra de otros anuncios- que en su discurso del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet anunciara el fin de la Ficha de Protección Social (FPS), instrumento de focalización que determina quiénes y bajo qué condiciones reciben los beneficios del Estado. Un mes después, aún no queda del todo claro si será reemplazada por un nuevo instrumento de focalización o si será eliminada. Y si bien por estos días el gobierno se ha pronunciado sobre el valor de la focalización, persisten ciertas inconsistencias en su discurso cuando al mismo tiempo autoridades insisten en la necesidad de avanzar hacia garantías y derechos universales.
La inevitable dicotomía entre focalización y beneficios universales es evidente en un mundo de recursos escasos, y pasar a una lógica universalista, en el estilo de los Estados de Bienestar europeos, no parece razonable en un país donde la preocupación prioritaria del Estado aún debe estar con estos más de 3 millones de necesitados.
