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Alto contrasteDice el refrán “cuando el río suena es que piedras trae”. Pienso que este dicho se puede aplicar al tema de la calidad de la educación en la actualidad del país. Una educación de calidad constituye hoy una expectativa que se ha incorporado a los sueños de futuro de la mayor parte de las familias chilenas que hacen ingentes esfuerzos por proporcionársela a sus hijos.
El ruido, que en este caso es de la calle, muestra que las “piedras que lleva el río” son las muchas evidencias que tenemos de las significativas brechas en los resultados de aprendizaje y desarrollo de competencias en las distintas entidades educativas en todos los niveles educacionales.
Los dispares resultados en cuanto a la calidad de la educación no deberían causarnos sorpresa dada la transición que ha vivido el sistema educacional desde un sistema elitista a uno de masas; desde un sistema relativamente homogéneo a uno extremadamente diverso; desde la provisión de recursos fiscales en base a criterios políticos y administrativos al uso de mecanismos de mercado para el levantamiento de recursos en la educación. En particular, en la educación superior, durante años se transitó por un proceso desregulado, sin mayor supervisión ni coordinación, que dejaba entregada a la espontaneidad de la iniciativa privada el desarrollo del sistema.
Por cierto, la estrategia de desarrollo elegida ha tenido efectos positivos para el país que se reflejan en la masificación que ha experimentado el sistema en las últimas décadas y la ampliación de su oferta educacional. Así lo ratifican, en la educación superior la existencia de 193 instituciones con sobre un millón de alumnos que estudian en 16 universidades estatales, 44 universidades privadas, 45 institutos profesionales, 68 centros de formación técnica y 20 entidades de educación superior de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, con más de 17.000 programas distintos que van desde alternativas vocacionales y técnicas hasta el doctorado.
Esta abundante oferta de programas académicos es un resultado valioso de la autonomía que se reconoció a las instituciones a la hora de cultivar las disciplinas que enseñan; pero ello exige, al mismo tiempo, que el Estado cautele la calidad de la oferta en la enseñanza superior la que, atendidas las importantes asimetrías de información entre las instituciones de educación superior y los estudiantes, puede ser fuente de frustraciones y de severas ineficiencias.
Las acreditaciones son la forma que se ha encontrado en el mundo desarrollado de garantizar la calidad de la educación. En ese sentido, la preocupación por la calidad de la educación no ha sido una respuesta a las manifestaciones en las calles, sino que una constante por lo menos en los últimos 15 años. De hecho, tenemos en la ley 20.129, promulgada en 2006, una demostración palpable de la preocupación del Estado por asegurar calidad en la educación en nuestras instituciones de educación superior.
Con esa ley nació la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), con la obligación de velar por la calidad del sistema de educación superior en un contexto de creciente ampliación de la oferta y frente a las elevadas expectativas de la sociedad. La ley también obliga a la CNA a fomentar el mejoramiento continuo de las instituciones, de modo que los sectores que acceden por primera vez no asistan a un sistema segregado que simplemente reproduzca las desigualdades de origen. De la calidad que pueda alcanzar el conjunto del sistema en los años que vienen, depende cuánta capacidad tendremos los chilenos de producir y utilizar el conocimiento.
El hecho que un comisionado, ejerciendo la presidencia de la CNA, haya desvirtuado los procesos y defraudado la fe pública, no debiera hacernos poner en duda que el concepto de evaluar calidad en base a juicios de pares, es acertado. Necesitamos recuperar la credibilidad del país en las acreditaciones como evaluaciones justas y verdaderas de la calidad de la educación superior en el país. Es en ello que estamos trabajando cientos de académicos que desarrollamos labores como pares evaluadores, miembros de comités de área, comités consultivos y miembros de la comisión misma.
