Durante un viaje al país en julio de 2014, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, entregó en forma explícita su apoyo a las reformas del gobierno, en representación de la institución que preside. Dos años y medio después, la opinión del Fondo se habría modificado, ya que en el reciente reporte sobre Chile se mencionan los efectos negativos sobre la actividad económica de la ambigüedad legal generada por el nuevo código laboral y de la compleja estructura tributara resultante de la reforma.
Mantiene el FMI en sus proyecciones sobre el país un sesgo optimista, generado en un mejor escenario externo, un leve repunte en la confianza empresarial, y una agenda de reformas de productividad y de concesiones que permitirían un aumento del crecimiento del PIB desde 1,7% en 2016 a 2% en 2017.
Sin embargo, una lectura más detallada tiende a nublar esa expectativa positiva. Primero, el organismo reconoce que el balance de riesgos está inclinado a la baja, en parte importante debido a la incertidumbre del escenario externo, proveniente principalmente de China, Brasil y el nuevo gobierno en Estados Unidos.
En el plano interno, la implementación de las reformas también es un elemento negativo a juicio del Fondo. Por último, e incluso más preocupante, es la fuerte baja en el crecimiento de largo plazo del país, de cerca de un 5% en 2011 a algo más de 2% actualmente. Este fuerte ajuste da cuenta que el principal problema no está en los factores cíclicos, sino en elementos estructurales. La mitad de esa caída se explicaría por la nula contribución que está haciendo la productividad de factores al proceso de desarrollo.