Años complejos vienen por delante para la política fiscal. Desde que se creó la actual regla fiscal, la estimación de los parámetros estructurales siempre posibilitó niveles de gasto expansivos, en general por sobre el crecimiento del PIB. Basta constatar que entre 2001 y 2014 el gasto fiscal aumentó a una tasa promedio anual de 6,4% real, con un PIB creciendo a un 4,2% en promedio. En adelante, esta política fiscal no sería posible.
Recordemos que en el año 2001, cuando el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, planteó guiar el gasto público de acuerdo a ingresos de tendencia, el precio del cobre se encontraba bastante deprimido, por lo que un precio de tendencia superior al efectivo permitió una política fiscal más expansiva, generándose déficits fiscales entre 1999 y 2003. A partir del año 2004 se inició una fuerte tendencia alcista del precio del cobre, con lo que el nivel de tendencia aumentó sin pausa entre 2005 y 2013, generándose espacios constantes de aumento del gasto público por sobre el crecimiento del PIB. Es evidente entonces que se haya generado una percepción positiva sobre la regla estructural, ya que permitió conciliar la responsabilidad fiscal con un gasto social siempre al alza.
La situación actual y proyectada es opuesta, y ahora, con una tendencia decreciente tanto del precio del cobre como del PIB tendencial, la regla fiscal se enfrenta a un escenario desafiante. La responsabilidad fiscal parece estar bajo amenaza, ya que la única forma de que se mantenga es que el gobierno modere significativamente sus promesas de gasto. Se han hecho anuncios en esta línea, pero queda lo más complejo: ponerlos en práctica.