Declaraciones de la ministra Vivanco

Las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco, en su calidad de presidenta (s) de la Tercera Sala de la Corte Suprema, alteraron drásticamente el debate sobre la crisis de las isapres. Contrariando lo señalado por el texto de la sentencia de la Corte Suprema sobre tablas de factores y sus propias declaraciones anteriores como vocera de la Corte Suprema, Vivanco señaló que el fallo tenía efectos para las partes del proceso y que los demás afiliados que quisieran beneficiarse de la devolución de excedentes tienen que demandarlo judicialmente.

El fallo, la crisis de las isapres y las declaraciones posteriores de la ministra Vivanco solo confirman cuan deficientes son las políticas públicas desarrolladas por los tribunales de justicia.

Por supuesto, lo anterior solo debiera concretarse luego de que la tercera sala de la Corte Suprema resuelva los recursos de rectificación, aclaración y enmienda anunciados tanto por el gobierno como las isapres. En este respecto, sería deseable que la Corte Suprema precisara todo lo posible los efectos del fallo, no solo respecto de la devolución de excedentes, sino también de otras dos materias que la sentencia resolvió con efectos generales: la adecuación de todos los contratos de salud a la tabla de factores dictada por la Superintendencia en 2020 y la no aplicación de la tabla de factores a los menores de dos años.

En este sentido, dejando a un lado las críticas insoslayables al daño reputacional del Poder Judicial y la vulneración de la certeza jurídica, lo cierto es que las declaraciones de la ministra Vivanco abren una vía de salida para la crisis que genera el fallo, tanto a nivel institucional como para el sistema de salud. Según los expertos en salud, la sentencia es imposible de cumplir sin quebrar el sistema de salud privada y colapsar, de paso, el sistema de salud pública. Esto habría puesto al legislador en la difícil disyuntiva entre hacer naufragar el sistema de salud o incumplir una decisión judicial.

En cualquier caso, lo cierto es que el fallo, la crisis de las isapres y las declaraciones posteriores de la ministra Vivanco solo confirman cuan deficientes son las políticas públicas desarrolladas por los tribunales de justicia que, por su propio diseño institucional, están incapacitados para prever los efectos de largo plazo de sus decisiones. Por eso, entre otras razones, sus sentencias nunca deben tener efectos generales.