El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha informado que un total de 970.000 contribuyentes independientes renunciaron a realizar cotizaciones previsionales obligatorias para pensiones, seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La cifra no sólo es significativa por su magnitud, sino que lo es especialmente porque representa un aumento de 8,1% en relación al año previo, cuando poco menos de 900.000 contibuyentes hicieron uso de dicha renuncia.
La reforma previsional estableció hace unos años una incorporación gradual al sistema de protección social de los trabajadores que emiten boletas de honorarios, permitiendo que para los años tributarios 2013, 2014 y 2015 existiera la posibilidad de renunciar a cotizar. La idea de las autoridades y el legislador con el establecimiento de esta norma era hacerse cargo de un problema de largo arrastre en nuestro mercado laboral y que se traduce en que un grupo significativo de personas que generan ingresos finalmente queda inadecuadamente cubierto en sus necesidades de ingresos de la etapa pasiva, derivando en una carga mayor para las ya exigidas arcas estatales.
En este contexto, lo constatado en la última operación renta no deja de ser inquietante y representa un desafío para las autoridades y los agentes del sistema de pensiones en orden a sensibilizar respecto de la importancia de esta obligación. Es de esperar que la clase política no lea el alto nivel de renuncia como un llamado a seguir extendiendo los plazos, los que ya han sido generosos. El Estado tiene múltiples tareas que atender y para este problema en particular ya se diseñó un camino que no puede ser renunciado.