Certezas secuestradas

Las revelaciones de los mensajes entre la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, investigado penalmente por el caso Audios, han sido un golpe duro a la credibilidad y confianza en el Poder Judicial. Sin embargo, junto a las consecuencias individuales, este episodio simboliza la erosión de la institucionalidad en su conjunto. No se trata solo de una jueza, una corte o un abogado; lo que ha quedado expuesto es un sistema político, que articula a los tres poderes del Estado, que se revela frágil ante relaciones impropias y, en algunos casos, francamente fraudulentas.

Más allá de las responsabilidades personales, los mensajes entre la ministra Vivanco y Luis Hermosilla  simbolizan la erosión de la institucionalidad en su conjunto.

La Corte Suprema decidió ayer suspender a la ministra Vivanco y abrir un cuaderno de remoción en su contra, advirtiendo que los antecedentes conocidos “son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”. Los mensajes revelados -por los que la ministra deberá rendir cuenta en un plazo de 20 días- se relacionan con interferencias en el nombramiento del Fiscal Nacional y de ministros de cortes, irregularidades en la tramitación de causas y entrega de información reservada, entre otros hechos. La decisión se dio, además, en un escenario de inminente acusación constitucional contra Vivanco y su colega Jean Pierre Matus, también involucrado en los mensajes obtenidos del teléfono de Hermosilla.

Sin embargo, más allá de las responsabilidades personales, el verdadero problema radica en que la política ha sido incapaz de ordenar la institucionalidad, aportar certezas al país desde lo jurídico y lo reglamentario, y ofrecer instituciones que pasen pruebas básicas de probidad, considerando la necesidad de transparencia y cumplimiento legal, claves para crecer en un entorno próspero y seguro. La corrupción y la falta de certidumbres son dos grandes obstáculos para el desarrollo humano y social, y es aquí donde los partidos deben hacer contribuciones esenciales.

Este desafío adquiere una relevancia mayor cuando se considera que los tribunales de justicia y, en particular la Corte Suprema, son los que deben resolver, en última instancia, litigios relacionados con los grandes proyectos de inversión, fundamentales para el crecimiento económico. En este sentido, no basta con reformar el sistema de nombramiento de magistrados y otras autoridades clave del Estado; es urgente una transformación profunda del sistema político que impida su fragmentación y la excesiva polarización. Se requiere un giro hacia la construcción de consensos, en lugar de permitir el surgimiento de proyectos antagónicos que abren espacios a operadores turbios que buscan secuestrar la certeza jurídica y la legitimidad. Es allí donde radica el problema de fondo.