Buscando culpables

Polémica ha causado el alza de tarifas eléctricas, tanto en el ámbito económico como en el político. Es sabido que a fines de 2019 se decidió congelarlas para evitar el aumento de precios en este servicio básico en pleno período de convulsión social; que el Gobierno de la época presentó un proyecto temporal, que compensaba los posteriores ajustes; y que la administración siguiente lo reemplazó por una nueva iniciativa. Sin embargo, a cinco años de la decisión y ante las alzas que regirán desde el próximo 1 de julio, hay efectos que parecen no haber sido calibrados por actores relevantes en esta discusión.

El alza de las tarifas eléctricas no debiera ser sorpresa para nadie y, sin embargo, han surgido críticas de actores que participaron en la discusión.

El proyecto original pretendía ser temporal, compensando su posterior ajuste con las bajas que provendrían de la entrada de energía licitada a menor precio. Sin embargo, las alzas en el tipo de cambio y en el costo de los combustibles impidieron dicho empalme y el Gobierno entrante decidió presentar una nueva iniciativa de estabilización de precios.

En ese escenario, frente a una deuda con las generadoras que ya bordeaba los US$ 6.000 millones, se debió legislar para comenzar a sincerar las tarifas eléctricas, lo que en la práctica se traducirá en un aumento de 57% en las cuentas de los clientes residenciales y de 39% para las empresas que ya habían tenido algunos ajustes previos. Para mitigar el impacto, se incorporó un subsidio para el 40% de la población más vulnerable.

Todo esto no debiera ser sorpresa para nadie. Sin embargo, ante la ahora dura realidad, han surgido voces que intentan culpar a terceros. Por una parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, cuestionó al Banco Central por haber corregido en su último Informe de Política Monetaria -y no antes- la tasa de inflación al alza, como consecuencia del aumento de las tarifas eléctricas. Y diversos parlamentarios han enjuiciado al ministro por su supuesta falta de claridad en medio de una situación que no solo afectará a los hogares, sino, y esto parece ser lo principal, porque se producirá en un año electoral.

Resulta a lo menos cuestionable que el mundo parlamentario, que revisó y aprobó los sucesivos proyectos de ley, hoy se muestre consternado por el impacto del alza tarifaria. Cuando se trata de entregar beneficios, los políticos tienen una preocupante inclinación a no sopesar debidamente los costos. No es el único caso en que ello ha ocurrido, pese a las advertencias de expertos, pero sería bueno sacar lecciones.