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Alto contrasteEl Senado aprobó por amplia mayoría la tarde del martes el proyecto que reemplazará la actual ley de quiebras por una nueva Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas. La iniciativa legal, que comenzó su tramitación legislativa en mayo de 2012, busca modernizar una dimensión clave en el proceso que busca fortalecer la cultura del emprendimiento en el país.
Como las propias autoridades de gobierno han recordado, el reporte 2012 de Doing Business ubica a Chile en el ranking de resolución de insolvencias en el lugar 110 dentro de un total de 183 economías, es decir 83 posiciones por debajo del promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de una performance que evidentemente no contribuye a transformar al país en un polo de emprendimiento e innovación.
Un marco legal que junto con resguardar el interés de los acreedores y sus garantías libre a las empresas de todo tamaño y las personas del estigma y condena que pesa sobre ellos en caso de dificultades. Un marco legal y una sociedad que condenan como si fueran delincuentes a las empresas y personas que fracasan terminan asfixiando a quienes podrían reorganizarse y salir adelante, sino que también desincentivan el reemprendimiento en quienes han fallado.
Es conocido el alcance e impacto del capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Sin hacer un paralelo con esa legislación, la que se discute y está avanzando en el congreso chileno va en la dirección correcta de favorecer la reorganización por sobre la liquidación de las empresas en problemas.
