Agenda y prioridades del nuevo gabinete

La gran interrogante abierta, más allá de las declaraciones públicas que muchas veces son prisioneras de dinámicas políticas ineludibles, es si el profundo cambio que experimentó el equipo ministerial traerá aparejado una redefinición de fondo y forma en la agenda reformista del gobierno.

Si bien políticamente los incentivos discursivos están puestos en la línea de no admitir un cambio de dirección y/o prioridades, sobre todo por lo que supone para el delicado manejo de los equilibrios internos en coaliciones partidistas heterogéneas, lo cierto es que cada vez hay más evidencia que aconseja revisar la estrategia seguida hasta ahora en este ámbito.

Sin remontarse al antecedente de la encuesta CEP de julio de 2014, que reveló que quienes votaron por la mandataria lo hicieron en forma amplia más bien movidos por un sentimiento de confianza hacia ella y mucho menos por conocimiento y adhesión a sus reformas, hoy prácticamente todos los sondeos de opinión muestran que la aprobación puntual de varios de los ejes reformistas es inferior a la desaprobación.

Quienes han asumido la conducción de estos temas no pueden omitir esta información, así como lo que muestran tantos otros informes, en especial el reciente de Percepción de Negocios del Banco Central, en cuanto al elevado nivel de incertidumbre de los agentes económicos tanto producto de las reformas como del enrarecido clima político del país. El resultado de aquello se ha hecho sentir con fuerza en las tasas de inversión nacional y, consecuentemente en los niveles de actividad, muy lejos de ser satisfactorios y más bien alarmantes respecto de lo que puede ser el devenir futuro.