Virtudes y limitaciones de la “política exterior de Estado”

Juan ignacio Brito

El fallo del Tribunal de La Haya sobre el río Silala pone de manifiesto las bondades de la llamada “política exterior de Estado”. La cooperación entre expertos y autoridades de diverso color político en la tramitación del juicio, y su positiva conclusión para Chile, dan cuenta de los beneficios de acercarse a la diplomacia con una visión colaborativa, ahogando discrepancias internas para ofrecer un frente común en la defensa del interés nacional.

Sin embargo, hay que remarcar también que la “política exterior de Estado” tiene limitaciones importantes que deben ser reconocidas en un momento de rediseño en la arquitectura geopolítica global y en el cual los consensos que por décadas orientaron la actuación internacional chilena se encuentran desafiados por un Gobierno con aspiraciones refundacionales.

“La estrategia de inserción de Chile definida tras el retorno a la democracia se dio en un entorno internacional que apuntaba a la convergencia. Hoy, en cambio, entramos a una era de divergencia de la cual nuestra política exterior debe tomar nota”.

Mientras no se despejen incógnitas y rivalidades internas acerca de la manera en que la Cancillería pretende insertar a Chile en un escenario global cambiante, será difícil articular una “política exterior de Estado” viable.

Para nadie es un misterio la incomodidad de la actual administración con el modelo de desarrollo seguido por Chile en el último medio siglo. El propio Presidente de la República ha señalado que Chile será la “tumba del neoliberalismo”. Aunque no resulta para nada claro que termine siéndolo y si el mandatario está realmente dispuesto a que lo sea, la frase tiene reverberaciones importantes para una política exterior que ha estado muy marcada por la voluntad de Chile para insertarse en el mundo siguiendo la estrategia de fortalecer sus ventajas competitivas, alejado de políticas industriales como las que parecen estar detrás de los planes planteados inicialmente por La Moneda. En una administración que acoge con entusiasmo las ideas de la economista Mariana Mazzucato, la preferencia no pasa por adherir alegremente a acuerdos comerciales, como muestra el enojoso episodio del TPP-11.

Fracturado desde su raíz y sumido en la incertidumbre, el consenso que animó a buena parte de la “política exterior de Estado” queda reducido a un mínimo: la defensa de la soberanía, como dejó en evidencia el juicio sobre el Silala.

Más allá de ese mínimo, los disensos no se restringen únicamente a la política comercial, sino también a cuestiones como la forma de enfrentar la inmigración, la manera de promover un cambio democrático en países como Venezuela o Nicaragua, el uso que se le dará a instrumentos como la Alianza del Pacífico, la designación de personal diplomático, la posibilidad de revitalizar la Unasur o la forma de aproximarse a gobiernos como el argentino o el brasileño.

Más complicado aun es identificar consensos cuando el panorama global también se encuentra en medio de cambios. Superados el “momento liberal” y el “momento unipolar”, el mundo enfrenta hoy una conflictividad que fuerza a Chile a definirse ante las potencias en disputa, como ocurrió con la concesión de los pasaportes. Asimismo, el retorno de variantes proteccionistas y conflictos armados que involucran a grandes potencias obliga a tomar partido y cuestiona el aperturismo sin distinciones que exhibió Chile en décadas pasadas.

La estrategia de inserción definida tras el retorno a la democracia se dio en medio de un entorno internacional que apuntaba a la convergencia. Hoy, en cambio, entramos a una era de divergencia de la cual nuestra política exterior debe tomar nota.

Así pues, tanto por cuestiones internas como por factores externos, la “política exterior de Estado” se encuentra amenazada.