Hacia un pago muy poco oportuno

Tomás Sánchez

Sin duda dos personas o empresas debiesen ser capaces de acordar libremente entre ellas los términos de pagos de una transacción. La libertad es un valor fundante de nuestra sociedad y, por lo mismo, uno a respetar. Sin embargo, también sabemos que la libertad sin límites se transforma en opresión a otros, y así nace la bien conocida frase “tu libertad termina donde comienza la de alguien más”. Por esto debe ir acompañada de justicia y bienestar. Con libertad no basta para construir una mejor sociedad.

A su vez, hemos aprendido que el mercado es bastante efectivo a la hora de resolver las necesidades de la población, pero también, dado que no es perfecto ni del todo eficiente, siempre existen fallas de mercado y situaciones que atentan contra el bienestar mayor de la sociedad.

Uno de estos casos es cuando una empresa que tiene una posición dominante sobre la otra ejerce su poder en desmedro de la pequeña. Muchos argumentarán que nadie obligó a la segunda a aceptar dicha transacción, pero a menudo la necesidad tiene cara de hereje: los emprendedores pecamos de optimistas y todos queremos crecer, ¿y qué mejor que con grandes clientes? Lamentablemente, muchas veces los clientes son grandes, pero no buenos, y eso lo descubrimos tarde, y así también empleados y proveedores que trabajan con las pymes de Chile.

Esto no es simplemente una anomalía del mercado o una ineficiencia, es un sistema y una cultura que secuestra el desarrollo de nuestro país, al no dejar crecer a los pequeños para convertirse en medianos, ni a estos en grandes. Es un sistema que perpetúa la desigualdad empresarial. Uno donde a los grandes no les basta financiarse con tasas bajas, sino que también lo hacen gratis con sus proveedores, y a estos no les quedan más que tarjetas de crédito personales y factoring. Esta situación es un atentado contra la meritocracia y una condena a la desigualdad en Chile.

Es lógico que tienen que existir mecanismos para flexibilizar la economía, por lo tanto, es bastante sensato estipular en la nueva ley que las empresas de igual tamaño puedan llegar a genuinos acuerdos. Y a su vez, podrían existir incentivos a hacer lo correcto, como la exigencia de ser buenos pagadores a las empresas a las que se asignen contratos públicos. Ideas simples y efectivas para dejar de estar orgullosos sólo por la estadísticas de nuevas empresas creadas, y empezar a estarlo por las que se gradúan de medianas a grandes.

El “acuerdo entre las partes” estipulado en la Ley de Pago a 30 días —un eufemismo para decir “la imposición de una de ellas”—, es la letra chica que hace que toda la ley sea letra muerta. Es el resquicio legal que permite que la posición dominante simplemente requiera de una formalidad para dejarla por escrito. Junto con la no eliminación del crédito al IVA, es otro símbolo de buena voluntad, pero no del compromiso con revertir el abuso que viven los emprendedores pequeños y medianos día a día.

Porque como dicen por ahí, “triste es amar sin ser amado, pero más triste es pagar el IVA sin haber cobrado”.