Relación Estado-fundaciones: modernización urgente
MARÍA JARAQUEMADA Directora ejecutiva de Chile Transparente
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MARÍA JARAQUEMADA
El pasado lunes 28, la Comisión Asesora Ministerial para la relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado entregó un informe con 46 propuestas al Presidente de la República. Durante el mes y medio que trabajamos, pudimos llegar a algunas conclusiones.
Primero, que las políticas de integridad y modernización del Estado, para realmente ser exitosas, deben ser abarcadas con una mirada de Estado y de largo plazo. Por mucho tiempo, nuestro país las ha priorizado algo nos indica casi a gritos que hay un problema, un déficit, y que debemos solucionarlo con urgencia. Así fue con el caso que motivó a esta Comisión. Sin embargo, estos desafíos son permanentes y dinámicos, y requieren constante atención y actualización.
“Las 46 medidas propuestas al Presidente buscan fortalecer la institucionalidad del Estado, disminuyendo la discrecionalidad, aumentando la transparencia y rendición de cuentas y modernizando registros, procedimientos y estándares”.
Por otro lado, el rol que cumplen estas organizaciones sin fines de lucro en Chile es de la máxima trascendencia. Actualmente son más de 339 mil organizaciones inscritas en el Registro de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, que logran identificar problemáticas que no han sido abordadas por las políticas públicas y se enfocan en grupos de alta vulnerabilidad, complementando la acción del Estado. Fortalecer esta relación con el Estado es clave para una sociedad democrática fuerte.
Las 46 medidas que propusimos al Presidente buscan fortalecer la institucionalidad del Estado, disminuyendo la discrecionalidad, aumentando la transparencia y rendición de cuentas y modernizando registros, procedimientos y estándares. Sorprende que las transferencias hoy no cuenten con estándares mínimos y comunes -como ocurre con las compras públicas-, que puedan garantizar una adecuada toma de decisión, así como el buen resguardo de los recursos públicos.
Pero además, para contar con mejores decisiones y acciones eficaces y eficientes es necesario romper con ciertas inercias en nuestro presupuesto público. En general, existe la tendencia -e incentivos- a gastar a como dé lugar todo el presupuesto asignado a un servicio público. Esto deja poco espacio para la reflexión de cómo y en qué gasto, y si es realmente necesario. Por otra parte, al elaborar y discutir anualmente la Ley de Presupuestos, se suelen mantener las disposiciones y regulaciones del año anterior, aplicando el aforismo de “el que tiene, mantiene”.
Siendo un país con escasos recursos y múltiples necesidades, es de esperar que ciertas prácticas asentadas hace varios años, vayan dejándose atrás y privilegiemos los objetivos país más que la inercia.
Sin duda que el sistema de registros y las plataformas de información debe ser modernizado, algunas de ellas se mantienen tal cual fueron concebidas hace 20 años atrás, cuando la tecnología era distinta y ni siquiera contábamos con una Ley de Transparencia, virtud que cada vez se hace más expansiva y es clave que también aplique a las instituciones privadas sin fines de lucro, independiente si reciben o no recursos públicos dado el rol clave que cumplen en nuestra sociedad, algunas de ellas influyendo en las políticas públicas.
Es de esperar que estas propuestas sean acogidas y recogidas por el Gobierno, el Congreso y otras entidades públicas que tienen un rol clave en asegurar que esta relación de fundaciones, corporaciones y Estado sea virtuosa.