Reforma laboral y desafíos de la flexibilidad

Cristóbal Prado Fernández

En medio de la discusión por la reducción sobre la jornada laboral, no sorprende que el foco de las reformas esté en su potencial impacto económico y en los “trade-off” entre flexibilidad y precarización del empleo. Si bien este foco parece correcto, también es incompleto, pues no aborda aristas complejas en lo relativo a la seguridad y salud ocupacional que requieren definiciones normativas.

La ley obliga al empleador a hacerse responsable de la prevención y cuidado de accidentes laborales y del trayecto, como asimismo de las enfermedades profesionales, para lo cual cuenta con el apoyo de las mutualidades. Adicionalmente, le da incentivos para trabajar en prevención, pues la prima del seguro depende en parte de los días perdidos producto de accidentes y enfermedades laborales. Esto ayuda a que dedique largas horas a pensar cómo prevenir accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo, pues involucra aspectos económicos. Además, esta obligación tiene límites relativamente fáciles de definir, los que dependen del lugar de ocurrencia del accidente y de los factores que causan la enfermedad.

Eso hasta ahora. Cuando la persona trabaja de manera independiente o conectada digitalmente desde el hogar y lugares públicos, el lugar físico pierde validez como factor decisivo en la definición de qué es “salud laboral” y qué es “salud común”. ¿Debe ser cubierto como accidente laboral la quemadura con una taza hirviendo en el hogar cuando una persona ejerce el teletrabajo? Aún más complejo es el caso de enfermedades psico-laborales, donde se vuelve extremadamente difícil separar el impacto de factores “laborales” del efecto de componentes “personales”.

En este escenario, el campo de acción de las mutualidades cambia. ¿Cómo prevenir accidentes y enfermedades en el hogar y lugares públicos? ¿Dónde se acaba el mundo laboral y empieza el mundo íntimo personal -físico y psicológico-? Incluso piense en la complejidad práctica y lo agresivo para la privacidad que puede ser un proceso de investigación para calificar si un accidente o enfermedad en estas condiciones es laboral (financia la mutualidad) o de salud común (financian Fonasa o isapres).

A lo anterior, atendidas las dificultades mencionadas, se debe sumar el riesgo de fraude al sistema y su impacto en potenciales alzas de la prima para los empleadores: ¿cómo evitar que algo de origen común se intente presentar como laboral? También desde una perspectiva de política pública, cabe cuestionarse hasta qué punto es razonable que lo financie el empleador, qué herramientas tiene para gestionar estos riesgos y qué incentivos puede generar en el empleo y la contratación de perfiles de trabajadores más riesgosos.

Creemos que, hasta el momento, la discusión ha obviado estas complejidades y, por el bien de la sostenibilidad del sistema de seguridad social del país, puede ser el momento de abordarlas.