Rechazo tributario: una oportunidad para la oposición

Luis Felipe Lagos M.

El rechazo a la idea de legislar una reforma tributaria no termina la discusión. Seguramente el Gobierno volverá a intentarlo el próximo año o, eventualmente, insistirá en el Senado. Esto constituye una oportunidad para que la oposición haga ver sus puntos de vista y reafirme sus convicciones, algo debilitadas por la ola de populismo de 2021.

En primer término, se debiera insistir en el uso eficiente de los recursos y modernización del Estado. Estimaciones del BID indican que más de US$ 5.500 millones (1,8% del PIB) se malgastan. Numerosos programas son mal evaluados, pero siguen vigentes, presumiblemente con el apoyo de “padrinos”. Reasignando estos recursos se podría financiar el incremento de la PGU y, junto a la recaudación (permanente) del litio, otras políticas sociales.

“Un impuesto con base ingreso, a diferencia de uno con base gasto, castiga el consumo futuro, ya que constituye una doble tributación. Por otro lado, un impuesto al gasto, al potenciar el crecimiento, aumentaría la recaudación para financiar políticas sociales”.

En el último tiempo, se han elevado las tasas de impuestos muy distorsionadores para la economía (corporativo e ingresos personales) y, en la reforma rechazada, se creaba un impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas de sociedades de inversión; se desintegraba el sistema; se reducía el uso de las pérdidas y se aumentaba el impuesto a las ganancias de capital.

Si bien recaudarían poco, harían mucho daño al desincentivar el ahorro, inversión, empleo y emprendimiento. Generalmente se justifican apelando a la progresividad, pero es inconducente el análisis aislado de la progresividad de cada impuesto. Lo importante es cuan progresiva es la suma de la recaudación más el gasto público. Recaudar con un impuesto al consumo de amplia base y gastar en políticas sociales puede ser altamente progresivo.

Frecuentemente se cree que las empresas pagan impuestos, pero no es así. Elevar el impuesto corporativo para afectar a los más ricos y así, supuestamente, lograr más progresividad no es lo que ocurre. El impuesto lo terminan pagando en el largo plazo los trabajadores recibiendo menores salarios y los consumidores afrontando mayores precios (incidencia), más que los dueños (accionistas). Esto, por cuanto al caer el retorno al capital se reduce la inversión o se traslada a otros países, hasta recuperar el retorno original.

Un sistema tributario eficiente debiera cobrar impuestos a todos los ingresos, sin excepciones, del capital (dividendos, intereses y ganancia de capital), del trabajo y herencias cuando son consumidos, sin distorsionar respecto del momento en que se realiza el gasto. En efecto, esto corresponde a un impuesto al gasto. Un impuesto con base ingreso, a diferencia de uno con base gasto, castiga el consumo futuro, ya que constituye una doble tributación: primero, al generarse los ingresos personales o utilidades de las empresas, y al retorno del ahorro e inversión después. Un impuesto con base ingresos (utilidades) es altamente distorsionador, al castigar el ahorro e inversión, limitando las posibilidades de crecimiento.

Un estudio preliminar sugiere que el impuesto con base gasto es factible (Lagos y Klapp 2012). Por cierto, también puede ser progresivo. Por ejemplo, quedarían exentos (se devuelve el impuesto) los niveles de gasto acordes con el salario mínimo, lo que a su vez incentivaría la formalidad. Incluso podrían considerarse tramos de descuento: 100% para los primeros $ 400.000; 50% para los próximos $ 400.000 y 25% para los siguientes, logrando progresividad sin diferenciar la tasa del impuesto (Cochrane 2017).

Por último, pero no menos importante, un impuesto al gasto, al potenciar el crecimiento, aumentaría la recaudación para financiar políticas sociales.