VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Fernando Barros
La opinión pública ha recibido una fuerte acción mediática alertando que se cierne sobre los cielos de Antofagasta un luminoso peligro, que pondría en riesgo el patrimonio astronómico de Chile y su desarrollo.
A ello se suman voces que demandan impedir la consumación del desastre y que se paralice el proyecto integrado de infraestructura energética INNA, de AES Gener, que contempla generación de energía solar y eólica, una planta desaladora, producción de hidrógeno verde y su reconversión a amoníaco verde, en una superficie de 3.000 hectáreas en la comuna de Taltal, y un terminal marítimo para su transporte, todo con una inversión estimada de US$ 10.000 millones.
“En momentos en que hay consenso sobre la necesidad de inversión y desarrollo, para lo que Chile requiere generar confianza, con un actuar serio y respetando el estado de Derecho, nuestras autoridades e instancias técnicas deben ser cuidadosas de ceder ante presiones indebidas”.
Desde los años ‘60 el Estado de Chile ha entregado, en propiedad o concesión, al Observatorio Austral Europeo (ESO), cerca de 130.000 hectáreas de terreno en la Región de Antofagasta, principalmente para los observatorios del Complejo Paranal-Armazones.
Para su operación se han dictado normas especiales, tales como declaración de lugar de interés científico, que limitan la minería en una amplia zona y, además, un conjunto de regulaciones y criterios normativos que limitan la emisión de luminosidad artificial que pudiere afectar la actividad de los observatorios y, a la vez, fijan las reglas al respecto para el desarrollo económico en las distintas unidades territoriales
Por otra parte, el Estado de Chile busca incentivar el desarrollo de las energías renovables y la inversión nacional y extranjera en ellas, identificando la Provincia y Región de Antofagasta, como polo de desarrollo de energías no convencionales.
Según la normativa vigente de uso de suelo y la política nacional en materia de desarrollo energético, el territorio de INNA, distante a 20 kilómetros de Paranal, califica para esa iniciativa.
Asimismo, el informe técnico presentado al Servicio de Evaluación Ambientas (SEA) concluye que los porcentajes de radiancia artificial asociados a las instalaciones de INNA, conforme a las regulaciones y criterios aprobados por el Estado de Chile, y no cuestionados por ESO, cumplirían en exceso con los estándares de protección otorgados a la actividad astronómica.
Después de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de aprobar la continuación del proceso de calificación de la iniciativa, han arreciado ataques de parte de entidades ecologistas y de personas y entidades vinculadas a la astronomía, cuya línea argumental apunta a que, en una zona de Chile, cuya extensión no se precisa, no puede permitirse actividades que la comunidad científica considere que pudieren afectar negativamente su trabajo, a pesar de cumplir las regulaciones locales.
La aparente falta de respaldo legal y científico se evidencia cuando las influencias logran que un grupo de senadores adopte un rápido e irreflexivo acuerdo requiriendo que se cambien las normas vigentes y se aborte el proyecto y, nuestra Cancillería hace llegar una críptica carta de intervención ante las autoridades ambientales.
En momentos que hay consenso en la necesidad de inversión y desarrollo, para lo que Chile requiere generar confianza, con un actuar serio y respetando el estado de Derecho, nuestras autoridades e instancias técnicas deben ser cuidadosas de ceder ante presiones indebidas que exijan resolver sus requerimientos fuera de la institucionalidad correspondiente y que se le afecte a otros su derecho de propiedad y a poder desarrollar actividades económicas permitidas, excluyendo de todo desarrollo zonas que solo ellos definen en base a imprecisos y personales criterios.
