Pensiones: ¿cómo avanzamos?

SUSANA JIMÉNEZ SCHUSTER

Transcurridos más de nueve meses desde el ingreso del proyecto de reforma de pensiones, los avances han sido escasos. La principal dificultad radica en que el proyecto del Ejecutivo constituye una propuesta refundacional que difícilmente encontrará apoyo en el mundo político y en la propia ciudadanía. Sin embargo, la necesidad de una reforma es urgente, por lo que se deben buscar mínimos comunes -que no son pocos- y avanzar.

La prioridad de la reforma no debe ser otra que elevar las pensiones. Hoy existe amplio consenso para aumentar gradualmente la tasa de cotización en seis puntos, en un plazo entre 6 y 12 años. El destino de esta mayor cotización es parte de la discusión, aunque parece irrefutable que para mejorar las pensiones de los cotizantes la mejor opción es que se consigne a las cuentas individuales. Hay otros cambios necesarios, como aumentar la edad mínima de jubilación -especialmente de las mujeres- y reducir las lagunas previsionales, para lo cual se debe abordar seriamente la informalidad laboral y aumentar la fiscalización y sanción ante la evasión o subdeclaración del pago de impuestos.

“No convence la idea del Ejecutivo de buscar economías entregando a un ente estatal toda la gestión de cuentas, una actividad que hoy se realiza a bajo costo (en su comparación internacional) por entidades privadas”.

Otras medidas que podrían incidir en el monto de las pensiones apuntan a aumentar la competencia en el mercado, lo que involucra la entrada de nuevos actores –entre ellos, un ente estatal–, así como la búsqueda de economías de escala que pudieran transferirse a los cotizantes. Respecto de esto último, podría haber espacios de ganancia (por ej. en la cobranza de cotizaciones impagas), pero no convence la idea del Ejecutivo de buscar economías entregando a un ente estatal toda la gestión de cuentas, lo que además obra en sentido contrario al reducir la presión competitiva y dejar en manos de un ente público una actividad que hoy se realiza a bajo costo (en su comparación internacional) por entidades privadas.

Un segundo objetivo de la reforma es resolver las diferencias entre mujeres y hombres. Una solución posible es introducir una componente de solidaridad intrageneracional, donde parte de la cotización de los hombres vaya a las cuentas individuales de las mujeres, cerrando de esta forma la brecha de pensiones al momento de la jubilación.

Una tercera prioridad es mejorar no sólo las pensiones de los futuros jubilados, sino también la de los jubilados actuales o próximos a serlo. En este tema, la PGU juega un rol gravitante, por lo que el debate debe centrarse en cómo evoluciona y cómo se financia. La gran mayoría señala que conviene financiar la PGU a través de rentas generales, puesto que la alternativa de usar parte de la cotización constituye un impuesto al trabajo.

Respecto del nivel, resulta clave establecer un parámetro objetivo, como indexar la PGU a la línea de la pobreza, mientras que la cobertura debiera mantenerse en los niveles actuales. También es atendible la propuesta de establecer una PGU diferenciada que otorgue un porcentaje algo mayor a las pensionadas mujeres y a los pensionados con dependencia severa.

Respecto del resto de las propuestas del Ejecutivo, si se busca una tramitación exitosa y rápida de la reforma se abren dos caminos: (i) desechar los aspectos más controvertidos, como la separación de la industria, la creación de un ente estatal monopólico para la administración de cuentas y el establecimiento de condiciones ventajosas para el actor público en la gestión de inversiones; y (ii) dejar en manos de una comisión de expertos la discusión futura de aspectos importantes, pero no urgentes, como la creación de fondos generacionales, la permanencia del retiro programado, el aumento de la tasa imponible y la revisión de límites de inversión, entre otros.