Transformaciones fundamentales

Olga Feliú

Los cambios institucionales profundos sin aceptación generalizada y gradualidad producen inevitablemente retracción de actividades y consecuencias sociales y económicas indeseables. Sin profundizar en las reformas propuestas, se observa en las más importantes -tributaria, educación, salud y previsión- una acentuación del rol del Estado cercano al monopolio. Así, por ejemplo, la reforma educacional se asienta en los establecimientos del Estado, planteándose incluso la adquisición por éste de los inmuebles de aquellos que no puedan, o no quieran, hacer los cambios.

La estatización, que se propone en distintos ámbitos, es preocupante. Se mira la subsidiariedad como una herencia del pasado que debe ceder paso al derecho preferente del Estado de participar como agente principal en la provisión de bienes y servicios. Ello olvida los derechos de las personas, pero, además, la experiencia mundial y particularmente la chilena.

Al parecer nadie recuerda el resultado de la estatización en los años setenta: el Informe de la Cámara de Diputados sobre el desastroso estado de la salud y sus servicios (1972), ni el Informe Prat que daba cuenta de que la previsión estaba en quiebra. La pretendida solidaridad previsional se materializaba en pensiones calculadas con promedio de 36 o 45 últimos meses -con inflaciones de dos dígitos- para el común de los imponentes y con pensiones perseguidoras para los jefes de servicio y altos funcionarios, incluyendo ex parlamentarios y ministros. En educación los avances en cobertura y la participación privada han crecido en forma admirable por la importante preferencia de las familias.

También se desconoce que la subsidiaridad se origina en la libertad de las personas para emprender y para desarrollar cualquier actividad, por cierto las económicas, educacionales o de salud. Dice la Encíclica Cuadragesimo Anno, de Pío XII que “no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social”. La Constitución Apostólica Gaudium et Spes señala que “cuiden los gobernantes de no entorpecer las asociaciones familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones intermedias, y de no privarlos de su legítima y constructiva acción, que más bien deben promover con libertad”.

Autoridades de gobierno, y algunos parlamentarios, sobre la base de una holgada votación, han considerado que tienen carta blanca para aprobar la introducción de cambios esenciales en nuestro ordenamiento, sin debate y sin siquiera detenerse a escuchar opiniones contrarias. El caso de Mariana Aylwin, en educación, es emblemático.

Aparte de que no es real el planteamiento relativo a que tales cambios ya fueron aceptados por el pueblo, y que muchos de ellos ni siquiera ahora están bien definidos, es preocupante la introducción de un lenguaje áspero y descalificatorio, tanto respecto de personas cuanto de múltiples actividades económicas. Todo ello conduce a una inconveniente polarización de la sociedad, retroalimenta el rechazo de algunos a lo propuesto y exacerba las posiciones de los partidarios de los cambios, agregándose por estos últimos la imputación descalificatoria de que las críticas son sólo de defensas de espurios intereses.

Tal situación debiera terminar. Los cambios fundamentales de que se habla deben ser el fruto de acuerdos sociales, precedidos de debates serios y no de giras de persuasión. La reciente encuesta CEP no puede mirarse con indiferencia ni menos con descalificaciones. Por el contrario, ella debe hacer reflexionar con serenidad y seriedad, tanto a las autoridades a quienes compete proponer transformaciones cuanto a los legisladores que deben cumplir sus mandatos de estudiar los proyectos para luego pronunciarse sobre ellos.