Economía social de mercado

Olga Feliú

La economía social de mercado se fundamenta en la libertad de las personas para emprender, crear empresas y competir. Al Estado por su parte, le compete un rol subsidiario de la economía y de regulador del ejercicio de esas actividades. Así, las empresas son el motor esencial de la economía y los empresarios sus agentes. Éstos, para sacar adelante sus negocios lícitos, deben enfrentar día a día problemas de diferente naturaleza pero, además, ahora surge con fuerza un tema de descalificación generalizada.

El desarrollo económico requiere un marco de seguridad y de confianza en las reglas jurídicas aplicables. Estas últimas son tan importantes que la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores, Tribunal Constitucional y Contraloría General han reconocido el valor de la confianza legítima y de la seguridad jurídica como fuentes de las obligaciones del Estado. Se ha sostenido la necesaria previsibilidad de las conductas de las autoridades públicas y de que éstas no contradigan sus actos propios anteriores.

Ahora bien, debe existir un trasfondo de aceptación de las reglas y de imagen, tanto de las empresas, como de los empresarios. Y esta imagen se resiente con numerosas y reiteradas declaraciones descrédito, a veces difíciles de comprender, y muchas de ellas colindantes con la antigua lucha de clases. Lo delicado se presenta cuando se trata de actos que provienen de organismos públicos o de personeros de igual carácter.

Las imputaciones relativas a los “mezquinos fines de lucro” –que se consideran como únicos motores- y otras similares son reiteradas. ¿Qué sentido tienen estas declaraciones? ¿Qué se busca con ellas? La confusión generalizada que ha surgido con el vilipendiado fin de lucro es increíble. A ella se agregan las pretendidas inhabilidades originadas por el ejercicio de cualquier actividad económica, de asesoría o empresarial. Todo lo anterior lleva a la conclusión de que la única forma correcta de ganarse la vida sería la de ser servidor público. Si ello continúa como hasta la fecha no cabría tener mucha esperanza en el rendimiento tributario al que se aspira.

La absoluta confirmación de lo antes expuesto se encuentra en alguna de las preguntas de economía de la próxima PSU de Ciencias Sociales –según modelos oficiales del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional -DEMRE- dados a conocer por la prensa y que fueron puestos a disposición de los alumnos en el sitio web de esa entidad. En ese texto aparecen dos cuadros y, en ambos, se muestra a una persona dueña de gran fortuna frente a indefensos y pobres ciudadanos. En una, el rico huye con el dinero mientras un pueblo mendicante queda abandonado. En la otra, un obeso amasa su fortuna mientras chorrean monedas para los pobres. A continuación de estas elocuentes imágenes, luego de afirmar que el país comparte con otros países los problemas económicos derivados de la evolución de los modelos económicos capitalistas y de la globalización, se pide a los postulantes entregar su respuesta deduciéndola de las imágenes.

Las respuestas posibles –todas- conducen a una misma conclusión: el sistema es perverso. Lo anterior es así porque las alternativas propuestas llevan sólo a consecuencias contrarias al bien común.

Cabe preguntarse sobre la finalidad de este test y su intencionalidad. ¿Son efectivas las respuestas de alternativa? ¿Es correcto afirmar que el sistema conduce sólo a perjuicios sociales? ¿El bienestar sólo se encuentra en un Estado sin empresas y sin globalización? Más aún, ¿es elegible la globalización? Guste o no, es una realidad imposible de revertir.

No es el rol de las autoridades que aprueban pruebas de ingreso universitario el de enviar mensajes subliminales que dañan la confiabilidad de un sistema vigente. Años atrás el Senado conoció, observó y pidió rehacer contenidos mínimos de la educación que también contenían mensajes encubiertos de evidente contenido político.

La Carta Fundamental reconoce como derecho de las personas el ejercicio de actividades económicas lícitas; éste requiere, además de normas económicas adecuadas, respeto colectivo sobre su quehacer y paz social.

No son conciliables los planteamientos que caricaturizan a los empresarios como seres egoístas que amasan fortunas en desmedro o con perjuicio de la gran masa de personas, con la invitación de la Primera Mandataria a los inversores extranjeros, y su anuncio de grandes inversiones en infraestructura.