Nuevo Trato: desafíos para la inversión

Eduardo Vergara

Nos encontramos ad portas de tomar una decisión histórica: mantener la Constitución actual o avanzar hacia la elaboración conjunta de una nueva. El contexto de esta decisión está enmarcado por la ausencia de gobernabilidad expresada en la lentitud del Gobierno para tomar decisiones y dar respuestas a las personas cuando lo necesitaban, un manejo económico mezquino y políticas de seguridad que escalaron los conflictos en vez de reducirlos.

Esto ha causado profundas consecuencias que hablan de retrocesos enormes en la actividad económica, una caída en el PIB que no veíamos hace 40 años e índices de desempleo que pueden tardar años en remontar. Los mayores costos están siendo pagados por los más vulnerables.

Pero la complejidad de este momento trae a cuestas la oportunidad de dar nacimiento a un nuevo trato. Para poder capitalizar esta oportunidad lo primordial es cuidar la democracia y la política. Sólo garantizando la buena calidad de ambas podremos pensar en mecanismos para proteger a las personas y, al mismo tiempo, avanzar hacia la necesaria reactivación económica que garantice un crecimiento con mayor igualdad y justicia. La hoja de ruta parte, inevitablemente, por salir de esta pandemia navegando con mayor efectividad y reconociendo que los planes de apertura deben poner la seguridad de las personas por sobre los cálculos políticos y económicos de unos pocos.

Con un sistema de seguridad social precario y la actual desigualdad estructural, es predecible que aumentarán la pobreza y la inequidad. Urge dotar a las familias de apoyos reales con un ingreso universal único garantizado que termine con la atomización de las insuficientes ayudas actuales. En el corto plazo, se necesita un mayor aporte estatal bajo un sistema de seguridad social que otorgue justamente seguridad y no incertidumbre, mientras en el mediano, un sistema de pensiones que otorgue tranquilidad. Reactivar el empleo pasa por medidas excepcionales que aprovechen el escenario actual para volver a innovar.

Ahora bien, la innovación no puede quedar reservada para quienes cuentan con márgenes de seguridad para correr riesgos y pueden jugar dentro de las reglas existentes. Por el contrario, se requieren medidas enfocadas en los que menos tienen, bajo nuevas reglas que consideren evaluar la transformación de escenarios de informalidad e ilegalidad en espacios regulados, inclusivos y dinámicos. Ahora es el momento para que el Estado invierta en emanciparnos de nuestra matriz productiva como la conocemos, que particularmente la CORFO vuelva a cumplir un rol protagónico y el Gobierno empuje incentivos diferenciados y subsidios para las MiPYME. Es necesario activar la inversión con un nuevo plan nacional de infraestructura y obras públicas con foco en reducir la desigualdad urbana y rural. La inversión pública es el mejor estímulo para la inversión privada.

Con todo, el fantasma del éxodo de la inversión ha vuelto a rondar gracias a la irresponsabilidad de actores financieros y empresarios que articulan tramas de terror para impedir que les cambien las reglas que tanto les han beneficiado. No podemos tolerar esta estrategia. Por el contrario, es necesario que el capital asuma con valentía y responsabilidad que el tren ya dejó la estación, y lo único que está en sus manos es la decisión de subirse o no. Participar en la elaboración de este nuevo trato depende de cada uno, mientras que el juicio de la decisión se lo dejamos a la historia.